España

Rusia informaba puntualmente a Junts de las pesquisas del CNI sobre el atentado de la Rambla

La información de que dispone Junts, mucho más detallada que la del CNI, viene directamente de Rusia

Carles Puigdemont después del minuto de silencio por el atentado de La Rambla en 2017.

"Conocía todos los movimientos del CNI: nombres, horas, lugares, visitas a líderes musulmanes, una cantidad de detalles increíble que es imposible que un político conozca solo. Venían directamente de Rusia". Es el sentir de los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso sobre la intervención del diputado de Junts Jordi Xuclà cuando compareció el 6 de marzo de 2018 el entonces director del CNI, Féliz Sanz Roldán.

Pasados seis meses de los atentados islamistas de la Rambla de Barcelona y de Cambrils y en plena resaca del desafío independentista del 1-O, Sanz Roldán compareció en esta Comisión, de la que formaban parte Ana Pastor (PP) y los vocales Aitor Esteban (PNV), Juan Carlos Girauta (Cs), Adriana Lastra (PSOE), Irene Montero (Podemos), Joan Tardà (ERC) y Jordi Xuclà (PDeCAT), para dar cuenta, a puerta cerrada, de este asunto.

Xuclà reclamaba esta comparecencia desde hacía tiempo y en concreto, que Sanz Roldán tratara la vinculación de los servicios secretos españoles con el imán de Ripoll, que falleció en la explosión de la casa de Alcanar horas antes de que los yihadistas atentaran en La Rambla de Barcelona.

El CNI venía diciendo que contactó con el imán "siguiendo los protocolos", cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, pero recalcó que Es Satty en ningún caso fue un confidente.

El PDeCAT envió cartas a la presidenta de la Cámara urgiéndole a reunir ya a la Comisión, lamentándose de que hubieran pasado seis meses de los atentados y el Gobierno "guardara silencio" sobre los contactos del CNI con el imán de Ripoll.

La última vez que se había reunido la Comisión fue el 14 de diciembre de 2017 para recibir a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que dio cuenta precisamente de la injerencia rusa en Cataluña.

Sin desvelar el contenido de lo que se dirime en esta Comisión, Juan Carlos Girauta transmite a Vozpópuli las impresiones que causaron las preguntas e intervenciones de Xuclà: "Venían directamente de la Embajada de Rusia. Con absoluta seguridad. Las informaciones sobre miembros del CNI sólo pueden salir de un servicio secreto con más capacidad que el CNI".

La Generalitat tenía estructuras ilegales de un servicio secreto propio, del que formaba parte el espionaje a políticos, activistas y periodistas contrarios al procés, según se desprende de la documentación que salvó in extremis la Policía de ser incinerada el 26 de octubre de 2017 y han reconocido algunos consejeros.

Viaje a Siria en un avión militar ruso

Pero no tenía de ninguna manera más capacidad que el CNI, "sólo si contaba con la ayuda de Rusia", detalla Girauta.

Algunos movimientos de Xuclà llamaban la atención de sus compañeros en la Comisión. El 20 y 21 de marzo de 2017 viajó a Damasco (Siria) junto con el senador del PP Pedro Agramunt, ambos miembros del Consejo de Europa, y se reunieron con Bachar Al Asad. Días después, fuerzas de Al Asad realizaron un presunto ataque con armas químicas en el que murieron decenas de personas. El incidente obligó a intervenir a la Diplomacia española, negando cualquier aprobación o conocimiento del viaje, y escandalizó en Bruselas.

Agramunt, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, recibió en febrero una invitación del presidente del Parlamento sirio para debatir "fórmulas para restaurar una fructífera cooperación entre Siria y los parlamentarios europeos".

La delegación, que además de los españoles incluía diputados de otros países, viajó hasta Beirut y fue trasladada a Damasco en un avión militar ruso. Agramunt acusó a la propaganda rusa de manipular el encuentro para presentarlo como un acto de apoyo a Al Asad.

"Había una operación de intoxicación muy grave por parte de Rusia", resume Girauta, que recuerda que "se usó el atentado islamista para exigir la independencia y atacar al Estado". El independentismo cercano a Junts sostiene que los atentados fueron una "operación de castigo a Cataluña orquestada por las cloacas del Estado". Una posición a la que se ha mostrado cercana Laura Borràs, que se acercó a saludar al colectivo Queremos saber en el aniversario de los atentados de 2022.

"El acuerdo con Rusia era intoxicar, había granjas de bots rusos difundiendo imágenes falsas de gran violencia el 1-O, destaca Girauta.

La periodista e historiadora Anne Applebaum apuntaba este viernes en una entrevista en El Mundo: "La amnistía es una oportunidad perdida para investigar el papel de Rusia en el procés y su conexión con los independentistas".

¿A qué se refiere Applebaum? El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en la Operación Voloh, el desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés y para financiar los gastos del Carles Puigdemont en Waterloo, así como la trama rusa, las conexiones del separatismo con Rusia.

Rusia ofrecía 10.000 soldados

En un auto de 27 de octubre de 2020 de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a CDC y a ERC detenidos por la Guardia Civil, Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell recoge que, días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), Rusia ofreció a Puigdemont trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana.

Así se desprende de dos audios intervenidos en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, grabaciones de dos conversaciones que este mantuvo con Madí y con Vendrell el 14 y el 16 de mayo de 2018.

Esas conversaciones sustentan que Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor de Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la "estabilidad financiera" de Cataluña.

En las conversaciones, Terradellas cuenta que el 24 de octubre del 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un "grupo ruso", creado en la época de Gorbachov, con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont "contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana", pero el expresident "es va cagar a les calces" ("se cagó en los pantalones").

De haber aceptado esta propuesta, que era seria, "probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto número de víctimas mortales", apunta el magistrado. Ese grupo ruso quería hacer de Cataluña "un país como Suiza".

El auto añade que Vendrell sugirió a Madí que comentara la posibilidad de utilizar una plataforma de criptomonedas con Xavier Vinyals -excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, que también fue detenido, dado que es una persona a quien Puigdemont "hace encargos en temas internacionales".

La resolución precisa que el grupo de rusos con el que Terradellas trabajaba tenía interés en "participar en los temas de comunicación que conjuntamente estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures -director general de Mediapro- y, para ello, querían "colocar a una persona en primer nivel" y estaban dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones.

En las conversaciones investigadas, Vendrell expresó además su "preocupación" porque estaba "bajo vigilancia de los servicios secretos" y quería "garantizar la máxima seguridad para que no trascendiesen las relaciones con Rusia".

"Parece evidenciarse que, en realidad, la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017 y por eso se difundió desinformación y noticias falsas, como que se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial o que España no respeta las libertades básicas de votar", concluye un informe de la Guardia Civil que recoge el juez.

Ese grupo de allegados de Puigdemont con conexiones con el Gobierno de Putin también estarían vinculados a la financiación irregular de plataformas precursoras de Tsunami Democràtic y de la propia Tsunami que investiga el juez Manuel García-Castellón.

Más información