Rubiales intenta paralizar de nuevo sus audios y compara la actuación de la juez con la Stasi

La defensa de Luis Rubiales ha presentado un duro escrito al juzgado en el que vuelve a solicitar que se paralice la difusión en prensa de los audios que está desvelando en El Confidencial sobre presuntas irregularidades en su gestión. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elevado el tono contra la juez, a la que acusa de "salir en defensa" de los periodistas querellados actuando como en la República Democrática Alemana "en tiempos de la Stasi".

"En efecto, la instructora considera que la intercepción de las telecomunicaciones y la publicación de su contenido estarían justificadas si del contenido se constatan hechos de dudosa legalidad cometidos por la víctima. Quizás haya alguna norma que permita llegar a tal conclusión, pero será una norma de algún otro país diferente (tal vez la República Democrática Alemana en tiempos de la Stasi) pero no de un Estado que se proclama democrático", reza el abogado de Rubiales.

El escrito trae causa de la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón, Carolina González, de no acordar las medidas cautelares solicitadas por el presidente de la RFEF. En su auto del pasado 28 de junio, la instructora reiteró la decisión acordada en mayo acerca de que los periodistas querellados "se limitaron, en el ejercicio de su profesión, a la difusión de noticias con relevancia informativa" y de interés público.

La gestión de Rubiales en la RFEF

Se refiere la magistrada a las publicaciones sobre el uso de los fondos de la RFEF, el "cobro de comisiones" o pagos de viajes de placer con fondos de la Federación etc. "Es una información que se encuentra amparada por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información", concluye y matiza que el ente que preside Rubiales es una institución privada de utilidad pública y por tanto está sometida a "similares obligaciones que el resto de organismos públicos".

La referencia a los hechos de 'dudosa legalidad' muestra la desorientación de una instrucción presidida por un discurso lábil e incoherente

Rubiales recurre la decisión de la juez y le acusa de proteger a los informantes frente a la "víctima" a la que le han interceptado el contenido de su teléfono móvil. "La referencia a los hechos de 'dudosa legalidad' de mi mandante, que ha sido recibida con lógico alborozo por los periodistas, nos muestra la desorientación de una instrucción presidida por un discurso lábil e incoherente", recoge el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y añade que el debate no es la comisión del delito sino la publicación "ilícita" de las conversaciones.

Campaña larga e inmisericorde

"Es difícil recordar una campaña más larga e inmisericorde contra una persona, ya sea en la prensa escrita o digital, con la que los querellados llevan meses desplegando contra mi mandante a base de manipular la documentación sustraída de su móvil", sigue su defensa. La misma denuncia además que el juzgado no se ha movido "un ápice" para averiguar cómo se robó la información del móvil de Rubiales.

Insiste al respecto que "lo más sangrante de todo" es que ha dado origen a la presentación de una serie de denuncias y querellas contra él que, según dice, las utiliza esta juez para justificar su negativa a adoptar las cautelares pedidas. Entre las acciones judiciales a las que se refiere destaca la apertura de diligencias en un juzgado de Majadahonda contra él y el futbolista Gerard Piqué por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

El juzgado ha accedido a investigar los hechos relativos al traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí después de que la Fiscalía Anticorrupción accediera a investigar estos hechos. En los audios desvelados por El Confidencial se apuntaba a una posible mediación de Rubiales con las autoridades saudíes para el pago de una millonaria comisión a Piqué a través de su firma Kosmos.

Su defensa vuelve a negar estas acusaciones pero insiste en que, aunque fueran ciertas, la difusión de los audios sería igualmente delictiva. "Para que su señoría cambie de criterio ¿tendremos que probar aquí que las comisiones fueron legales, que los viajes no fueron de placer, que los patrocinios no fueron encubiertos? ¿Debe el perjudicado
denunciante probar que no ha hecho nada malo para que la Justicia decida protegerle frente a una evidente vulneración de su derecho a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones?", recoge el escrito.