El rescate de 40 millones a Vivanta casi iguala la cuantía del plan para el sector dental

Vivanta solicitó el pasado diciembre al SEPI un rescate de 40 millones de euros que esta semana el Consejo de Ministros le ha terminado por conceder a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Una decisión que ha levantado ampollas en el sector de la odontología, que se siente abandonado por el Gobierno por no haber recibido ayuda alguna para paliar la escalada de costes y la dificultad para adquirir materias primas.

Lo que indigna al sector es que "el Gobierno va a destinar 44 millones de euros para el Plan de Salud Bucodental Estatal para todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país". Así lo ha reflejado Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, a través de un comunicado.

Se trata del cuarto rescate que recibe el fondo de capital riesgo Portobello a través de alguna de sus empresas (ahora posee menos del 15% de su accionariado, es Ares Management quien ejerce como socio mayoritario) y en esta ocasión lo ha conseguido gracias, en parte, a que la justicia archivó en marzo las distintas causas judiciales que Vivanta tenía abiertas por disputas con sus exsocios minoritarios. Desde el Consejo General de Dentistas señalan que actualmente hay 23.000 clínicas de dentistas autónomos, de las cuales muchas van a tener que cerrar sus puertas por la inflación.

Autónomos sin ayuda

"No es un reparto equitativo en absoluto, todos estos autónomos no reciben ningún tipo de ayuda a pesar de estar al borde de la quiebra. Pero una mercantil que pertenece a un fondo de capital riesgo, que invierte millones en hacer publicidad en los medios de comunicación a pesar de estar atravesando una crisis financiera y que presenta un ERE para reducir su plantilla de empleados, es rescatada con 40 millones”, afirma Castro. Vivanta tiene ahora mismo más de 2.000 empleados tras realizar la realización de un ERE en 2020 que afectó a 278 personas.

Castro cuenta a este diario que el Gobierno debe mirar al pasado para que no se repita la historia de otras franquicias. "Si no han aprendido de iDental, con imputados en la audiencia nacional y más de 400.000 afectados, del caso Dentix o el de Vitaldent, cuyo dueño está en la cárcel, estamos condenados a que vuelva a suceder", señala el presidente del Consejo General de Dentistas.

Pese a que no se muestra en contra de que fondos buitre, cree que "en temas económicos tenemos que jugar con las mismas cartas", ya que considera que "a este ritmo, van a desaparecer muchas clínicas y va a haber paro". La solución, según Óscar Castro, es que el Gobierno conceda ayudas con cierto sentido de equidad para no crear un agravio comparativo respecto a los pequeños autónomos. Según relata a Vozpópuli, la subida de la luz y el coste de los materiales, que en algunos casos "se ha quintuplicado", está poniendo en un serio brete a las clínicas de particulares.

Castro insiste al Gobierno -su interlocutor a la hora de hablar sobre los problemas que atraviesa la odontología- que en la Sanidad Pública hay menos de 3.000 dentistas y que esta sería una buena vía profesional para un sector precarizado especialmente entre los más jóvenes, donde según él, hay personas "que no son ni mileuristas".

Fuentes consultadas del sector de la odontología señalan que Vivanta, debido a la crisis del covid y posteriormente la de suministros, ha impuesto a sus trabajadores unos variables a los que es casi imposible llegar. Desde el Consejo, además, han denunciado en varias ocasiones está controlado por personas ajenas al sector. Según Castro, este tipo de empresas son las que suelen acudir a odontólogos bajo la condición de 'falsos autónomos', un problema que llevan denunciando desde el Consejo desde hace años.

Castro sentencia: "Desde el Consejo lo estamos avisando y pedimos a los políticos que no solo cuiden a los dentistas, también a los pacientes, que se quedan sin dinero y sin dientes. Si no lo ven y se dedican a rescatar, nos tendrán enfrente. No es entendible que nos traten así a los profesionales".

Otros colegios de odontólogos como el de León o el de Zamora se han sumado a la causa. El presidente de este último, Víctor Zurita, defiende en palabras recogidas por el diario local Zamora24Horas que "ese dinero se puede invertir de otra manera o, directamente, revertirlo hacia la Seguridad Social, para que se sume a los 44 millones de euros destinados al Plan de Salud Bucodental".