El Gobierno ha confirmado que si se acometen reformas legislativas destinadas a favorecer la "desjudicialización" del conflicto político con Cataluña, entre la que en principio estaría la modificación del delito de sedición, estas se impulsarían a través de proposiciones de ley en el Congreso y no de proyectos de ley del Ejecutivo, lo que evitaría que tuvieran que pronunciarse al respecto órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado.
Así lo recuerda el Gobierno en respuesta a un grupo de diputados de Vox que preguntaron expresamente qué medidas prevé promover el Gobierno en el marco de esa "desjudicialización" para "reforzar los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener algún efecto sobre los derechos y las libertes o el patrimonio de las personas".
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Moncloa no concreta medida alguna, sino que adjunta dos enlaces: uno a la nota de prensa que difundió el pasado 27 de julio, dando cuenta de los acuerdos alcanzados en la tercera reunión del foro de diálogo que comparten Gobierno y Generalitat, y otro al documento específico sobre la desjudicialización.
"En dicho acuerdo -remarca además el Ejecutivo en su escrito- se pone claramente de manifiesto que 'cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de su impulso parlamentario'".
En este contexto, agrega que "cualquier decisión que se pueda adoptar como resultado del acercamiento de posturas entre gobiernos se tomará mediante los procedimientos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico y por los órganos que, en cada caso, sean competentes".
Se descarta que se opte por la vía de la aprobación de un anteproyecto de ley, lo que obligaría al Gobierno a remitir la propuesta de reforma al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
El documento pactado aquel 27 de julio entre los dos gobiernos también añade que "ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas (para la desjudicialización) sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", en referencia al que arrancó en septiembre y finalizará el 31 de diciembre.
Acuerdo de PSOE, Undias Podemos y ERC
Es decir, el Ejecutivo se reafirma en su respuesta parlamentaria en que, de alcanzarse un acuerdo sobre esas reformas -la del delito de sedición afectaría al Código Penal-, estas se impulsarían no desde el Consejo de Ministros, sino desde los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos o Esquerra Republicana (ERC).
De esta forma se descarta que se opte por la vía de la aprobación de un anteproyecto de ley, lo que obligaría al Gobierno a remitir la propuesta de reforma al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado para que informaran al respecto, antes de aprobar ya un proyecto de ley para su remisión a las Cortes.
Un proceso, por tanto, mucho más largo que el que siguen las proposiciones de ley que se registran directamente en el Congreso y pueden empezar a tramitarse en días, porque basta con convocar un debate en Pleno para su toma en consideración.
En su respuesta a Vox, el Gobierno también incide en defender un marco "de respeto a la Constitución en su integridad" y asegura que persiste en cumplir con el mandato fijado por el Tribunal Constitucional de resolver "mediante el diálogo y la cooperación" aquellos problemas que "la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente", en " particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico".
Según el Ejecutivo, el "acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías" alcanzado en el seno de la mesa de diálogo, da "respuesta" al "mandato" del Constitucional.
Dentro de la Constitución
Así, reproduce parte de una sentencia del Alto Tribunal en la que se defiende un "concepto amplio de diálogo", dejando claro que no se puede excluir a ningún "sistema o institución legítima" que sea "capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional".
Según destaca el Ejecutivo, el "acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías" alcanzado en el seno de la mesa de diálogo, da "respuesta" a ese "mandato" del Constitucional.
