No han convencido al magistrado Manuel García Castellón las explicaciones que los pasados días 20 y 21 de este mes dieron en la Audiencia Nacional los miembros de la empresa pública Arpegio, imputados en la trama Púnica. De ahí, que el instructor haya dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde vuelve a pedir información a la empresa de suelo madrileña, ahora rebautizada como Nuevo Arpegio.

En la citada resolución, García Castellón ordena a la empresa de gestión del suelo en la Comunidad de Madrid que le entregue, por un lado, el acta por el que se acuerda requerir los pliegos de contratación con la empresa de Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA) y, por otro, la composición de la Mesa de Contratación de Arpegio en el momento de la contratación de DUSA.

Los miembros de la citada mesa ya fueron citados como investigados en la Audiencia pero, según informan fuentes jurídicas, el juez quiere comprobar si esas mismas personas imputadas ya en Púnica fueron las que integraban dicho órgano cuando se hicieron adjudicaciones millonarias a la empresa DUSA. En concreto a dicha sociedad anónima se adjudicó un contrato por valor de 5,3 millones de euros y otro por valor de 9,8 millones, según consta en el sumario de este caso de corrupción.

Se da la circunstancia de que los investigadores sospechan que DUSA fue una de las empresas claves en los presuntos amaños llevados a cabo a través de los Planes Prisma de la Comunidad de Madrid. De hecho, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya ha acudido en más de una ocasión a la empresa madrileña Arpegio pidiendo la documentación que refleje los pormenores de dichos contratos.

"Ingentes cantidades de dinero público"

Tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción y el instructor sospechan que a través de la gestión del suelo madrileño el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, habría obtenido supuestamente "ingentes cantidades de dinero público". Según se recoge en autos, se produjo el reparto "ilícito del suelo público en Madrid" -que ya ha sido calificado por los investigadores como un "botín"- entre unos cuantos, en referencia a Granados o al ex director de Gabinete de Celia VillalobosEduardo Larraz, también imputado en esta pieza separada de Púnica.

El magistrado explica cómo "la venta de parcelas de la Comunidad de Madrid, la gestión de los consorcios urbanísticos, que adjudicaron parcelas por importe superior a los 2.000 millones de euros y de las obras y servicios a cargo de dos planes Prisma (…) se llevó a cabo bajo la esfera de Francisco Granados en su doble condición de Consejero de Presidencia (2004-2012) y presidente de Arpegio (2005-2007)".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional cree que tras la gestión de Arpegio se pudieron cometer hasta doce delitos de corrupción: delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios,aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, infidelidad y violación de secretos, prevaricación, falsificación de documento privado y oficial, organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales.