La amnistía que salvará a Carles Puigdemont y otros líderes del procés tiene un horizonte complicado en la Unión Europea. Al presunto terrorismo que se investiga en 'Tsunami Democràtic', se suma el caso Voloh que se sigue en los juzgados catalanes y que ha reforzado los vínculos del independentismo catalán con la Rusia de Vladimir Putin hasta el punto de constatar un plan para expulsar a España de la UE.
Se trata de un concierto al que alude el magistrado del caso Voloh en su último pronunciamiento por el cual prorroga las diligencias medio año más. El juez Joaquín Aguirre argumenta que son muchos los indicios que acreditan los vínculos entre el independentismo catalán y el Kremlin y por ello se abre a investigar el "soporte" de Rusia a todo el proceso independentista, antes incluso de la salida de Carles Puigdemont de la Generalitat.
Estos contactos "de alto nivel" fraguaron los vínculos de Cataluña con políticos de extrema derecha alemana o italiana para cuando se independizara de España. A cambio, el independentismo se comprometía a respaldar la estrategia del Gobierno ruso para desestabilizar la democracia y la Unión Europea (UE) a partir de lo que entonces era una hipotética invasión de Ucrania y consiguiente limitación del gas ruso a Europa.
El dique de la UE a los planes de Putin
En este contexto el gobierno ruso apoyaría con soporte "económico y militar" a Cataluña para conseguir su independencia, lo que daría pie a consecuencias fatales para España como, por ejemplo, su salida de la UE. Se trata de un relato que acota los indicios contra el entorno de Puigdemont y que podría abrir la puerta a investigarles por nuevos delitos en la causa que no se contemplan en la amnistía.
Precisamente, el texto está a escasas horas de aprobarse en el Pleno con el foco puesto en las exigencias que mantiene Junts. La formación que lidera Puigdemont batalla para incluir 'in extremis' algunas de sus enmiendas que no pasaron el primer filtro y que ahora son especialmente determinantes para evitar problemas con las causas de Voloh y Tsunami Democràtic.
Se trata de las relativas a la ampliación de la cobertura de todo el terrorismo investigado en el procés, o los delitos de traición y contra la paz o independencia del Estado; apartado este último especialmente importante para Junts por el papel de países como Suiza y Rusia en la sombra del independentismo catalán.
Precisamente, este último auto del magistrado Joaquín Aguirre complica el aval de la Justicia europea a la amnistía. En cuanto el texto se convierta en ley, se prevé que órganos como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para preguntar si la polémica ley es o no contraria al derecho comunitario.
La redacción final del terrorismo o la inclusión de los delitos que exige Junts dificulta en gran medida el respaldo a la ley en la UE, teniendo en cuenta además la tensiones en la Eurozona con Rusia tras la agresión militar a Ucrania. Con ese telón de fondo se complica el respaldo a la ley de amnistía con la que se prevé anular el procés y todas las derivadas que han ido surgiendo en los últimos años.
Negocios con el petróleo ruso
El magistrado, que alude en su auto a reuniones entre emisarios de Puigdemont con capos de la mafia rusa, amplía la instrucción para analizar los nuevos oficios policiales y documentos adheridos al sumario. En concreto, se trata de la pieza segunda del caso Voloh que se abrió por delitos como prevaricación y malversación, entre otros, con el foco puesto en Josep Lluís Alay, mano derecha y asesor de Puigdemont.
Precisamente en el marco de esta misma pieza el instructor investigó un negocio de Alay con la compraventa de petróleo entre una empresa rusa y china. Esta operación mercantil se acabó archivando ante la ausencia de "indicios sólidos" con el negocio del petróleo licuado, aunque al magistrado siempre le llamó la atención la actuación del asesor de Puigdemont en un sector en el que no tiene experiencia.
Mismo criterio compartió la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados respaldaron al instructor en su intención de investigar los hechos dejando patente sus sospechas de comisión de delito respecto a Alay, quien en su cargo de asesor de Puigdemont cobraba de fondos públicos. "Sus actividades sobrepasan esa función", llegó a decir.
"Merece destacarse que se ha consumado una compraventa de petróleo entre una empresa rusa y una empresa china en la que ha participado (el empresario ruso Alexander) Dimitrenko, sin que pueda descartarse la participación de personas del entorno próximo a Puigdemont al comentar Alay que su trabajo con el tema ruso es estratégico", recalcó la Audiencia de Barcelona.
La implicación de Elsa Artadi
Además de los imputados en el procedimiento, el magistrado deslizó en su último auto la participación de otras personas especialmente cercanas a Puigdemont, como es el caso de Elsa Artadi. La que fuera portavoz del gobierno catalán aparece mencionada en el auto bajo las iniciales de E.A. y de ella se destaca el cargo que ejerció como directora de campaña de Junts en 2017, tras la fuga de Puigdemont a Waterloo.
El juez recuerda que Artadi expuso en su declaración como testigo que participó en dos reuniones con el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, en octubre de ese año. Según dijo, intervinieron emisarios rusos y en los mismos se habló de criptomonedas.
Artadi dijo que acudió para informar luego al expresidente catalán pero que no se hizo ninguna propuesta concreta. El primer encuentro se celebró en una cafetería del Hotel Colón de Barcelona y el segundo en la 'Casa dels Canonges', residencia oficial del presidente de la Generalitat.
De las escuchas practicadas en esta causa se desprende que Putin les habría pedido que mantuvieran las conversaciones con ellos. El magistrado sostiene que esta versión se ha podido corroborar tras adherir nueva documental como una carta anónima que se recibió en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y que contenía información sobre un trabajo periodístico de investigación relativo a los lazos de Puigdemont con el Kremlin.
La carta en cuestión sostiene que Puigdemont recibió horas antes de su fuga, el 27 de octubre de 2017, a un antiguo diplomático ruso. Se trata de un cercano a Putin que ha hecho gestiones de diplomacia paralela en países como Siria y Libia. En la reunión se ofertaron "varios miles de soldados y millones de dólares a cambio de una Cataluña independiente que se asemejara "a una Suiza de las criptomonedas".
