Puigdemont se aferra a una nueva sentencia del TJUE para intentar circular por Europa

La defensa de Carles Puigdemont aprovechó la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, para intentar que la Justicia europea se posicionara sobre el mecanismo de las euroórdenes una vez ya hay sentencia en firme en uno de los Estados miembros. Ahora, una reciente sentencia de este tribunal, publicada el pasado miércoles 12 de mayo, da munición legal al expresident para intentar circular por la Unión Europea sin riesgo de ser detenido y entregado a España.

La sentencia en cuestión da respuesta a unas preguntas prejudiciales realizadas por el tribunal administrativo de Wiesbaden, en Alemania, en relación a la petición de extradición por parte de Estados Unidos de un ciudadano alemán acusado por corrupción.

El hombre cumplió una pena de dos años de prisión por este asunto y, tras la petición de entrega, presentó un recurso en 2017 para poder circular libremente por toda la Unión Europea sin el peligro de ser detenido después de que la Interpol emitiera una orden de captura.

Puigdemont tiene una resolución en su favor por parte del tribunal de Schleswig-Holstein y el exconsejero de Cultura, Lluís Puig, obtuvo sentencia en firme a su favor para no ser entregado a las autoridades españolas después de que el Tribunal de Apelaciones belga ratificara la sentencia en primera instancia al rechazar su extradición por malversación a España. Y las fuentes consultadas consideran que su situación penal es similar al caso donde el TJUE ha dictado sentencia.

El hecho de que el Tribunal de Luxemburgo apele al principio non bis in idem, que hace referencia a que una "persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra parte contratante" abre una vía para la estrategia legal de Puigdemont y Puig.

Asimismo, la necesidad de establecer jurisprudencia en un asunto que, hasta el caso de los políticos fugados, no había representado un reto jurídico para avanzar en el sistema de confianza mutua de las órdenes europeas de detención y entrega, puede ayudar a fijar unos criterios que sean útiles para arrojar luz en el futuro judicial de los políticos catalanes.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea by Laura Fàbregas on Scribd

Tratado de Schengen

Con el fin de poder circular por Europa, el recurso presentado contra el Estado alemán por parte de ese ciudadano afectado por la orden de captura de Estados Unidos alegaba que se vulneraba el artículo 54 del Tratado de Schengen, que hace hincapié en ese principio de que no se puede perseguir a nadie por un caso que ya ha sido juzgado, así como el artículo 21 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, relativo a la libertad de movimientos dentro de los Estados miembros.

El nacionalismo catalán es optimista y cree que esta sentencia puede propulsar, de nuevo, la proyección pública de Puigdemont si es capaz de moverse por Europa sin ser detenido. Algunas fuentes apuntan incluso que podría volver a España sin ser arrestado.

No obstante, la sentencia de Luxemburgo también deja claro que en el caso del ciudadano alemán sería justificada una detención provisional. Además, mientras el ciudadano alemán tiene sentencia definitiva sobre el fondo de los hechos, en el caso de los dos dirigentes nacionalistas se juzgó únicamente la posible extradición. Sin entrar en el fondo de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo.

Por esta razón, la defensa de Puigdemont se mantiene prudente. "Aún no hemos tomado una decisión sobre si Puigdemont puede viajar por Europa", afirmaba a este medio su abogado, Gonzalo Boye, después de que Llarena anunciara el envío de las prejudiciales.

Puigdemont vs Llarena

Una vez el Tribunal de Luxemburgo conteste a la cuestión planteada por Llarena, el magistrado español decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Lluís Puig y Carles Puigdemont, así como al resto de fugados: Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

El equipo jurídico de Carles Puigdemont envió un escrito de 200 páginas a Llarena en el que no solo no se oponía a que el tribunal europeo fuera el encargado de dirimir las euroórdenes sino que, además, añadían una serie de prejudiciales para que el juez instructor las tramitara también al TJUE.

Además, el frente judicial en Europa se extiende con las resoluciones del Tribunal Constitucional con respecto a los recursos de Jordi Turull y Jordi Rull. Una vez agotada la vía judicial nacional, el caso llegará a instancias internacionales. El Constitucional reafirmaba en ambos casos la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, pero los dos votos discrepantes de dos de sus magistrados sirven también para el planteamiento jurídico que los presos catalanes quieren llevar ante Europa.