El pleno del Parlamento Europeo decide este lunes sobre el suplicatorio del Tribunal Supremo para levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. A esta decisión política, se le ha unido la cuestión prejudicial que el juez instructor del juicio del procés, Pablo Llarena, quiere trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que obligue a la Justicia belga a entregar al expresidente de la Generalitat a España.

El equipo jurídico de Carles Puigdemont ha enviado un escrito de 200 páginas a Llarena, al que Vozpópuli ha tenido acceso, en el que no solo no se oponen a que el tribunal europeo sea el encargado de dirimir las euroórdenes sino que, además, añaden una serie de prejudiciales para que el juez instructor las tramite también al TJUE.

En una de estas alegaciones se hace referencia al precedente sentado por Lluís Puig, exconsejero de Cultura y afincando en Bélgica, que obtuvo sentencia en firme a su favor para no ser entregado a las autoridades españolas. El Tribunal de Apelaciones belga ratificó la sentencia en primera instancia al rechazar su extradición por malversación a España.

La defensa de Puigdemont anticipa en esta prejudicial lo que pedirán al TJUE si Llarena sigue adelante, que es que cuando un Estado miembro tumbe una euroorden, ésta tampoco se aplique al resto de países de la Unión Europea. El caso de Puig, aseguran, les avala para pedir esta coherencia en el seno de la Unión Europea y, de este modo, se garantice su libre circulación por "los 27 Estados miembros". Incluido España y sin riesgo de ser detenidos.

Doctrina europea

De acuerdo con la defensa del exmandatario catalán, así lo avala la "jurisprudencia" de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 25 de julio de 2018, C-216/18: "En el supuesto de que la autoridad judicial emisora (…) comunique a la autoridad judicial de ejecución una información que no lleve a esta última a descartar la existencia de un riesgo real de que pueda violarse, en dicho Estado miembro, el derecho fundamental de la persona de que se trate a un juez independiente y, con ello, el contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo, la autoridad judicial de ejecución deberá abstenerse de dar curso a la orden de detención europea de la que es objeto esa persona".

Y añaden que esto es "precisamente lo que sucedió en el caso del Sr. Lluís Puig". Además, podría ser la situación en la que se encuentren dentro de poco Puigdemont, Comín y Ponsatí cuando la Justicia belga decida sobre sus respectivas órdenes de entrega.

As en la manga de Puigdemont

Esta posibilidad abriría una ventana de oportunidad a Puigdemont para mantener sus viajes fuera de Bélgica -como, por ejemplo, en Francia- pese a que la Cámara comunitaria decida arrebatarle la inmunidad que ostenta como eurodiputado.

En este sentido, la posición que tome el TJUE en este caso puede ser fundamental para los tres eurodiputados y su libertad de movimientos. Y servirá para avanzar hacia el sistema de confianza mutua entre Estados en relación a si se pueden ejecutar nuevas euroórdenes contra una persona cuando la justicia de un país miembro ha sentenciado en firme en su contra o si otro Estado puede tomar la decisión opuesta.