Puigdemont confía en que la ley belga le salve de la extradición

Ante la posible reactivación de la orden europea de detención contra Carles Puigdemont, el equipo de abogados del expresidente de la Generalitat de Cataluña revisa minuciosamente los entresijos de la legislación belga. Fuentes de la defensa confían en que la normativa de Bruselas salvará al líder catalán de la extradición al no contemplar la malversación tal y como lo hace la legislación española.

Las mismas fuentes han explicado a Vozpópuli que en Bélgica este delito "conlleva el llevarte dinero"; es decir, que además de contemplar el desvío de fondos públicos considera también el enriquecimiento del acusado. "Y en esta causa nadie se ha llevado dinero; nunca se les ha acusado por esto", han subrayado.

En concreto, la Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por la "asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación, en cuantías muy relevantes (superiores a los 250.000 euros)". Según fuentes cercanas al expresidente de Cataluña, el argumento del Ministerio público español no tendría cabida en la legislación belga.

El 'no' de Alemania

Los abogados de Puigdemont estudian al detalle el delito de malversación al considerar que esta podría ser la base de la nueva orden de detención, ya que descartan que el Supremo vuelva a pedir al expresidente por delitos de rebelión, sedición o desobediencia.

En julio de 2018 del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, en Alemania, contestó a España que sólo entregaría al líder catalán por malversación y no por el resto de delitos por los que estaba siendo reclamado. En aquel momento, el juez a cargo de la investigación sobre la causa del procés retiró la euroorden y desde entonces no la ha vuelto a activar.

Ahora, según han confirmado fuentes del Ministerio público a Vozpópuli, la Fiscalía del Supremo prepara su reactivación. Ya el 9 de septiembre, la fiscal general del Estado, María José Segarra, hizo unas declaraciones en TVE en las que apuntaba que la sentencia del procés permitiría revisar la activación de las órdenes europeas de detención contra el expresidente catalán y los exconsejeros huidos.

Precedente en Bélgica

Ante los avisos de la Fiscalía, Puigdemont ha asegurado en varias ocasiones estar preparado ante una eventual reactivación y ha dicho que "si al final de ese recorrido jurídico hay una extradición inevitable", la afrontará. Si se vuelve a pedir la detención del líder del procés, la Justicia belga deberá dilucidar si el delito de "malversación de funcionarios" contemplado en su legislación responde al de malversación de caudales públicos del Código Penal español.

Los secesionistas cuentan ya con un precedente en Bélgica, aunque en un contexto diferente. En mayo de 2018, un juez rechazó entregar "por defectos de forma" a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. En concreto, por las discrepancias entre la orden de detención española firmada por la juez Carmen Lamela y la euroorden emitida por el magistrado Pablo Llarena.