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España

PSOE y PP desbloquean en unas horas todas las renovaciones pendientes salvo el CGPJ

La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado

Sánchez y Casado en el palacio de La Moncloa
Sánchez y Casado en el palacio de La Moncloa EP

El PSOE y el PP han llegado este jueves a un acuerdo para renovar varios órganos constitucionales. En una nota remitida a la prensa, los partidos han informado que tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha alcanzado un acuerdo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días.

Reforma del CGPJ

La mayoría del Congreso, con el PSOE a la cabeza, rechazó hace unas semanas la proposición de ley del PP para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces designen directamente a la mayoría de los vocales.

Solo Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias apoyaron la reforma y no sin críticas al PP, tachado de "cínico" e "hipócrita" por varios portavoces de la izquierda por pactar durante años con los socialistas la renovación del CGPJ en base a un sistema que ahora exigen modificar para sentarse a negociar.

Según la proposición de los populares, doce de los veinte vocales -los de extracción judicial- deberían ser elegidos por votación directa de los jueces y no podrían ser candidatos quienes hubieran tenido un cargo político en los diez años previos, la misma limitación que proponían fijar para la figura de fiscal general del Estado.

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