El PSOE también vota en contra de blindar el 25% de las clases en castellano

El Gobierno se niega a recular en su intención de eliminar la mención al castellano como "lengua oficial del Estado" en la ley Celaá y su tratamiento como lengua vehicular de la enseñanza, tal y como pactaron con ERC la semana pasada en pleno tira y afloja de las negociaciones de los Presupuestos.

Así ha quedado reflejado este viernes durante el debate y votación de las enmiendas a la norma que se ha celebrado este viernes en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. 

En medio de las negociaciones de las cuentas, Ciudadanos también movió ficha. A última hora del jueves presentó al Gobierno una propuesta de mínimos con dos alternativas para blindar el castellano en la nueva reforma educativa. Los naranjas llevaron su iniciativa al debate de la Cámara Baja, pero las fuerzas de la coalición han también han votado en contra.

Las alternativas para transaccionar la norma educativa pasaban por recoger en la ley la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza o bien por blindar que el 25% de las clases se impartieran en español en las comunidades con lengua cooficial.

PSOE y Podemos se reafirman

Pero los socialistas han votado en contra reafirmándose en la enmienda aprobada junto a Podemos y ERC la semana pasada donde se eliminaba la mención al castellano como "lengua oficial del Estado" y para que no fuese lengua vehicular en la enseñanza. 

La medida acordada por los partidos del Gobierno y por ERC fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.

De esta forma, se retira la frase que venía en el proyecto de la Lomloe: "Castellano, lengua oficial del Estado" y se introduce la posibilidad de que las CCAA puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

La iniciativa ha derivado en una gran polémica. De salir adelante, PP, Vox y Ciudadanos la llevarán al Tribunal Constitucional.

Defiende la inmersión lingüística

La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mari Luz Martínez Seijo, ha pedido a Ciudadanos, PP, Vox y UPN que "dejen de manosear la Constitución y de repetir mantras". Asegura que sus quejas sobre el castellano responden a "un relato ficticio". "Esta ley no tiene nada de inconstitucional", ha defendido.

También ha acusado a las fuerzas de la oposición de "cuestionar la riqueza de las lenguas" y ha defendido que "la inmersión lingüística es una metodología avalada por la UE", además de destacar que "el 40% de la población vive en comunidades con presencia de lenguas distintas al castellano".

El dictamen final de la ley Celaá que resulte de la maratoniana jornada de este viernes se volverá a someter a votación en un Pleno que se celebrará el próximo 19 de noviembre, tal y como adelantó Vozpópuli. Después pasaría al Senado y tras un trámite de aproximadamente dos meses hasta llegar a la votación, la norma volvería al Congreso para ser debatida en su conjunto.