España

El PSOE también vota en contra de blindar el 25% de las clases en castellano

Los socialistas se reafirman en su intención de eliminar la mención al castellano como "lengua oficial del Estado" y "vehicular" de la enseñanza como pactaron con Podemos y ERC. También rechaza un acuerdo de mínimos planteado in extremis por Ciudadanos para blindar el 25% de las clases en esa lengua

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. Europa Press

El Gobierno se niega a recular en su intención de eliminar la mención al castellano como "lengua oficial del Estado" en la ley Celaá y su tratamiento como lengua vehicular de la enseñanza, tal y como pactaron con ERC la semana pasada en pleno tira y afloja de las negociaciones de los Presupuestos.

Así ha quedado reflejado este viernes durante el debate y votación de las enmiendas a la norma que se ha celebrado en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Este órgano será el encargado de elaborar un dictamen final de la norma educativa y llevarlo al Pleno del próximo jueves como adelantó Vozpópuli.

En medio de las negociaciones de las cuentas, Ciudadanos también movió ficha. A última hora del jueves presentó a Moncloa una propuesta de mínimos con dos alternativas para blindar el castellano en la nueva reforma. Los naranjas llevaron su iniciativa al debate de la Cámara Baja, pero las fuerzas de la coalición han rechazo la oferta votando en contra.

Las alternativas para transaccionar la ley Celaá pasaban por recoger en la ley la mención al castellano como lengua oficial delEstado y vehicular de la enseñanza o bien por blindar que el 25% de las clases se impartieran en español en las comunidades con lengua cooficial.

Es decir, los 'naranjas' estaban dispuestos a asumir que no hubiese ninguna referencia a la vehicularidad ni a la oficialidad siempre y cuando se añadiese una frase que dijera textualmente: "Adicionalmente, deberá impartirse en castellano al menos un 25% de la carga lectiva durante el horario escolar en todas las etapas, con independencia del modelo lingüístico que determine cada comunidad autónoma". Ni una cosa ni la otra.

PSOE y Podemos se reafirman

Finalmente, los socialistas han votado en contra reafirmándose en la enmienda aprobada junto a Podemos y ERC la semana pasada donde se eliminaba la mención al castellano como "lengua oficial del Estado" y para que no fuese lengua vehicular en la enseñanza. 

La medida acordada por los partidos del Ejecutivo y por ERC fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.

De esta forma, se retira la frase que venía en el proyecto de la Lomloe: "Castellano, lengua oficial del Estado" y se introduce la posibilidad de que las CCAA puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

La iniciativa ha derivado en una gran polémica porque, entre otros aspectos, se desconoce cómo pretenden garantizar que las escuelas de las comunidades con lenguas cooficiales cumplan con la enseñanza en castellano. De salir adelante la propuesta, PP, Vox y Ciudadanos la llevarán al Tribunal Constitucional.

Defiende la inmersión lingüística

La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mari Luz Martínez Seijo, ha pedido a Ciudadanos, PP, Vox y UPN que "dejen de manosear la Constitución y de repetir mantras". Asegura que sus quejas sobre el castellano responden a "un relato ficticio". "Esta ley no tiene nada de inconstitucional", ha defendido.

También ha acusado a las fuerzas de la oposición de "cuestionar la riqueza de las lenguas" y ha defendido que "la inmersión lingüística es una metodología avalada por la UE", además de destacar que "el 40% de la población vive en comunidades con presencia de lenguas distintas al castellano".

El dictamen final de la ley Celaá que resulte de la maratoniana jornada de este viernes se volverá a someter a votación en un Pleno que se celebrará el próximo 19 de noviembre, tal y como adelantó este diario. Después pasaría al Senado y tras un trámite de aproximadamente dos meses hasta llegar a la votación, la norma volvería al Congreso para ser debatida en su conjunto.

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