La división en la política catalana no solo atañe al procés, sino que tras la irrupción de la covid-19 esta división alcanza también la posibilidad de demorar o mantener las elecciones, previstas para el 14 de febrero. El PSC está dispuesto a ceder en la fecha electoral, siempre y cuando la votación sea antes de Semana Santa, pero amagan con impugnar un aplazamiento electoral que se alargue más allá de marzo, explican a Vozpópuli fuentes de la formación. 

Su propuesta busca lograr una entente entre todos los partidos y recuerdan que, a diferencia del País Vasco o Galicia, donde se aplazaron los comicios durante la primera ola, en el caso de Cataluña no hay "consenso político" para aplazarlas. Y este es un elemento significativo para valorar llevarlo ante la justicia en caso de que los partidos independentistas desechen su oferta. 

El Govern, de momento, no se ha inclinado públicamente sobre si suspenderlas o mantenerlas. Este viernes todos los partidos del arco parlamentario vuelven a reunirse para tratar el asunto. El criterio que regirá, afirman, será el sanitario y cada vez es más probable que se aplacen, tal y como avanzó este medio. El último informe que entregará la Consejería de Sanidad ofrece más argumentos para suspender la cita electoral: el 14 de febrero la ocupación de las UCI será idéntica a la de la primera ola. 

La opción de los nacionalistas, sin embargo, es citar a los catalanes a las urnas en mayo como muy pronto. Piensan que así se puede garantizar que la curva de contagios se aplane y, al mismo tiempo, lograrían erosionar al PSC después del efecto que tuvo el anuncio de Salvador Illa como candidato. Pero ni en el Gobierno ni en la calle Pallars ven "razonable" aplazarlas tanto.

Según explican desde Moncloa, el Gobierno tiene en su mano la paralización del retraso electoral en Cataluña si eleva un recurso al Tribunal Constitucional (TC). El Consejo de Ministros puede frenar así cualquier decreto autonómico. El TC suele reunirse con cierta celeridad para admitir a trámite el recurso y suspender cautelarmente la norma mientras decide sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene previsto actuar por la vía del Constitucional, según ha sabido Vozpópuli, y delega toda la responsabilidad en el PSC.

Fuentes consultadas por este diario consideran que el Gobierno no utilizara este camino porque tiene muchos visos de perder. Al argumento de la mala evolución sanitaria provocada por la ola descontrolada del coronavirus, dicen estas fuentes, se une que la Generalitat no está cancelando unas elecciones, sino que las pospone al ofrecer una fecha como alternativa.

El PSC, por su parte, tiene como primera opción mantener las elecciones el 14-F. Y solo con el fin de lograr el consenso entre formaciones, vería con buenos ojos posponerlas hasta marzo. Pero no hasta mayo: "Con tanto margen los datos epidemiológicos podrían volver a empeorar", explican a este medio.

Otro de los argumentos que esgrimen es que en el informe de la Comisión Jurídica Asesora -considerado como el Consejo de Estado Catalán- no se justifica la suspensión electoral como una "medida de salud", sino para garantizar el derecho a participar. Y ese informe, que el Ejecutivo catalán tiene en sus manos, propone medidas para celebrar elecciones de forma segura que, a juicio de los socialistas, no se han cumplido en estos cuatro meses desde el aumento de casos tras la vuelta de las vacaciones. 

"Arma de doble filo"

La posición del PSC de momento es solo una amenaza. Los socios en el Ejecutivo catalán, ERC y JxCat, creen que esa baza con la que cuentan los socialistas es un "arma de doble filo". Desde su perspectiva, si el PSC impugna el nuevo decreto de convocatoria electoral y la Junta Electoral Central o los tribunales le dan la razón, entre el electorado catalán serán percibidos como el partido que ha obligado a celebrar elecciones en medio de una pandemia. 

En este caso, consideran, el "efecto" que provocó el nombramiento de Illa como candidato a la Generalitat se puede apaciguar rápidamente. La imagen de gente haciendo colas para ir a votar, con unas previsiones que, en el peor de los escenarios, elevan los contagios diarios a 6.000 y a 770 las personas en las unidades de cuidados intensivos, sería un bumerán para los intereses del PSC. 

Una fecha intermedia

Como informó Vozpópuli, en el decreto de convocatoria de elecciones ya se especificaba la posibilidad de aplazar la votación más allá del 14-F. Y el PSC es consciente de ello. Falta por ver si ERC y JxCat están dispuestos a esta propuesta de mínimos. 

Se trata de una vía salomónica, para satisfacer a todas las partes implicadas. Es decir, ni mantener el 14-F ni esperar hasta mayo o junio. No obstante, la actual coyuntura sanitaria y política no contribuye a que el clima sea lo suficientemente sosegado. Si este viernes no se toma una decisión, explican las fuentes consultadas, todavía se podrían dar unos días más de margen.