España

Las 'desescalada' en las cárceles: locutorios a medio gas y cuarentena tras los permisos

Los sindicatos de funcionarios de prisiones ven prematura la relajación de las medias en los centros penitenciarios

Imagen de las labores de desinfección de los militares en la cárcel de Huelva.
Imagen de las labores de desinfección de los militares en la cárcel de Huelva. EP

Las cárceles comienzan su particular proceso de 'desescalada'. Los centros penitenciarios de las provincias que hayan superado la fase 0 del plan diseñado por el Ejecutivo comienzan a retomar las comunicaciones de los internos con sus familias (actualmente sólo se permitían llamadas y videollamadas) y los reclusos pueden volver a disfrutar de los permisos ya concedidos. También se autorizan de nuevo los traslados ordenados por las autoridades judiciales, los debidos a razones médicas y los que afecten a cuestiones de seguridad. 

La secretaría general de Instituciones Penitenciarias estableció días antes de que se decretase el estado de alarma un control estricto para intentar que el coronavirus no se extendiese entre una de las poblaciones de mayor riesgo junto a la hospitalaria y la de las residencias de mayores. Por la propia configuración del espacio penitenciario, no es tarea sencilla que los internos -muchos con patologías previas- puedan guardar las distancias y los protocolos higiénicos dentro de los módulos.

En la nueva etapa que ahora comienza se fijan medidas de prevención como que los visitantes porten obligatoriamente guantes y mascarillas. Las comunicaciones sólo se podrán realizar en locutorios, donde una mampara separa al reo de sus allegados o abogados. Se procurará que no se utilicen los contiguos y su uso se ampliará a los sábados, con un turno de mañana y uno de tarde. El número máximo de visitantes por preso será de dos. Así se detalla, junto a otras medidas, en una circular remitida el pasado miércoles a las direcciones de los centros, en desarrollo de la orden del Ministerio del Interior publicada en el BOE. Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que el proceso "se va a hacer con todas las garantías". 

Sin embargo, los funcionarios de prisiones hubieran preferido ir un paso por detrás en la relajación de las medidas. "Nosotros nos oponemos ahora mismo a la reapertura. No estamos de acuerdo. Lo vemos prematuro", dice Jorge Vilas, portavoz del sindicato CSIF. En su opinión, las cárceles deberían ir un paso por detrás en la 'desescalada' y tener dos semanas más de margen para "ver la evolución en la calle". Antes de su salida de permiso, los reclusos deberán firmar un compromiso por escrito de guardar una cuarentena de al menos catorce días en los módulos de ingreso. 

"Son medidas que afectan sólo a los internos, pero faltan más cosas", lamenta por su parte Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en la sección de Instituciones Penitenciarias, que advierte del trasiego de personas ajenas a las cárceles que supone recuperar la actividad cotidiana. "Se están abriendo talleres productivos en centros de provincias que todavía están en fase 0 como Estremera (Madrid)", lamenta. Casi la mitad están ya funcionando pero con limitaciones del número de presos.

"Creemos que nosotros tenemos que ir por detrás, en aras del principio de prudencia. Igual que están haciendo con las residencias de ancianos, creemos que también tenemos que ir más despacio", apunta por su parte Nuria Lambás, miembro de la ejecutiva de Acaip-UGT, sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones. "Si hay un rebrote en una provincia, sería bueno que nosotros estemos todavía replegados", añade.

Test y mascarillas

Según exponía el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, este viernes en una entrevista con Efe, el impacto de la pandemia en las prisiones habría sido cuatro veces menor que entre la población general, aunque los representantes sindicales no se fían. "Quieren volver a la normalidad sin hacernos test y un estudio epidemiológico con pruebas serológicas para conocer el verdadero alcance que ha tenido el virus en todas las prisiones", dice Fernández. "Si no se le hace test a todos los trabajadores penitenciarios, estamos poniendo en riesgo no sólo a los trabajadores y sus familias, sino también a los internos", añade Vilas.

Según los datos oficiales, el número total de internos con PCR positiva es de 60 (la población reclusa es de unos 50.000) y ha habido dos fallecimientos. Entre los funcionarios, han muerto cuatro en los centros de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel. El acumulado de casos positivos sería, hasta la pasada semana, de 258 trabajadores, de los cuales 163 ya han recibido el alta. 

Fuentes de Instituciones Penitenciarias alegan que los test los gestionan los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas y que éstas están priorizando al sector sanitario y a las residencias de ancianos. Asimismo, las pruebas para los trabajadores de prisiones, dicen, dependen de las distintas regiones y no de la sanidad penitenciaria. A finales de mayo o principios de junio, este servicio prevé incorporar a cuarenta nuevos médicos interinos, correspondientes a una oferta extraordinaria realizada por Interior para intentar paliar en la medida de lo posible un déficit crónico de personal

Los sindicatos denuncian que tampoco se está favoreciendo que el personal penitenciario de grupos de riesgo (mayores de 60 años, diabéticos o personas con y enfermedades cardiovasculares) pueda adoptar fórmulas de trabajo a distancia, como el resto del personal de la Administración General del Estado (AGE). Asimismo, creen que el material de protección recibido hasta ahora no es adecuado para desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad. "Cualquier vuelta a la normalidad debe ir acompañada de un abastecimiento suficiente de mascarillas", añade Fernández. 

Desde Instituciones Penitenciarias aseguran haber distribuido más de 400.000 mascarillas quirúgicas y que son las direcciones de los centros a quien corresponde repartirlas entre los funcionarios. La principal queja en la que coinciden los representantes sindicales de estos últimos es que deben emplear la misma durante largos ciclos de trabajo, que también han sido reorganizados para evitar los contactos entre los propios funcionarios. 

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