El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha contestado en declaraciones a Vozpópuli a las informaciones sobre un posible veto del PP para que no forme parte del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado se pregunta “cómo se puede compatibilizar un declarado interés en la defensa de la independencia judicial con vetar a un juez”.

Admite que asiste a las noticias sobre la negociación entre el Gobierno y el PP con “esa gran duda” y vincula el rechazo de la formación que lidera Pablo Casado con “haber puesto una sentencia que parece no haber gustado al partido político” que patrocina el veto a su presencia en el Consejo. 

Desde el PP culpan a De Prada de haber sido el autor de los párrafos que aludían a la caja B del partido en la sentencia del caso Gürtel emitida en 2018 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esas expresiones fueron el impulso de la moción de censura que apeó del Gobierno a Mariano Rajoy y propició la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

El nombre de José Ricardo de Prada es junto al de la exdiputada de Podemos, la magistrada Victoria Rosell, de los pocos que han aparecido en diversos medios en los últimos días, precisamente como líneas rojas marcadas por el PP. El magistrado de la Audiencia Nacional afirma no tener más conocimiento de las conversaciones que lo que publican los medios de comunicación. Tampoco se pronuncia ante la pregunta de si tiene interés en formar parte del órgano de gobierno de los jueces.

Estado de la negociación

Las negociaciones para renovar el CGPJ entre el Gobierno y el PP avanzan a buen ritmo, según admiten los implicados. Las conversaciones giran en torno a los perfiles que ocuparan el órgano de gobierno de los jueces durante los próximos años. Esta es una negociación que lleva meses en marcha y que ha corrido a cargo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del área de Justicia del PP y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López. 

Desde el bando socialista llevan meses diciendo que el acuerdo estaba cerrado y solo faltaba buscar una fecha para hacerlo público. Esta semana insisten en ello: “Hace tiempo que se llegó a un acuerdo de contenidos”. El PP en cambio rebajaba siempre ese escepticismo y se remite a sus condiciones: retirar las polémicas reformas sobre el funcionamiento del CGPJ y que Podemos forme parte de la negociación. 

A finales de la semana pasada, algunas fuentes del PP seguían diciendo que no había “ninguna novedad”. Sin embargo, el mismo lunes el secretario general de la formación Teodoro García Egea afirmó que el pacto era un hecho una vez que el PSOE había aceptado excluir a su socio en la coalición de gobierno. En negociaciones anteriores, el principal escollo, más allá de cuántos vocales se asignaban a cada partido, ha sido la elección del presidente, que además pasa a presidir también el Tribunal Supremo. 

Una negociación en bloque

Pero en este caso se añade una complicación adicional y es que las conversaciones ya exceden a los acuerdos que pudieran haber alcanzado en su momento Campo y López. De hecho, la situación se maneja en un escalón superior entre Teodoro García Egea y La Moncloa, concretamente el secretario de la Presidencia, Félix Bolaños. La razón es que la negociación es un bloque que incluye otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE). 

El jueves está previsto que comiencen en el Congreso de los Diputados los nombramientos de los nuevos consejeros de la radio y la televisión pública. Esa podría ser la ficha de dominó que desencadene todo lo demás, según apuntan fuentes del actual CGPJ, en funciones desde hace más de dos años. Los vocales del órgano seguirán de cerca los acontecimientos antes de decidir si nombran nuevas plazas de jueces, algo a lo que se opone el Gobierno. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) también es un frente a tener en cuenta en esta negociación. Tienen que renovarse cuatro de sus doce plazas, el año próximo el Gobierno tendrá potestad para elegir otras dos. De ese modo, podrá alterar el equilibrio de fuerzas, tras años de mayoría conservadora. Fuentes conocedoras de las conversaciones no descartan que lo que se decida sobre el TC tenga sus ecos en el CGPJ en forma de pasarela o cambio de sillas entre ambos órganos