Publicado: 23/10/2021 19:27
Actualizado: 23/10/2021 22:19
El PP estudia la estrategia jurídica y política a llevar a cabo en los próximos meses para forzar una vuelta a la dispersión de los presos de ETA, porque considera que el arrepentimiento individual que ha servido de base al Gobierno en los traslados a cárceles próximas al País Vasco es "falso" y solo responde al interés político mutuo tanto de Bildu como del PSOE desvelado por Arnaldo Otegi y negado "rotundamente" por Pedro Sánchez, aseguran a Vozpópuli diversas fuentes de la Dirección popular.
Esas fuentes reconocen que políticamente no será fácil combatir la conexión presupuestos por presos, como se vio este martes en el Senado cuando el PSOE, tras la fuerte presión de su socio abertzale, tuvo que dar marcha atrás a una declaración de condena a la banda terrorista pactada con el PP y que, curiosamente, sí salió adelante en el Parlamento Vasco por el impulso del PNV; un PNV que está viendo con mucho recelo, no solo el creciente acercamiento entre socialistas y Bildu en la política local, sino la influencia de los de Otegi en todas las decisiones del Ejecutivo de coalición PSOE/Podemos.
Cabreo incluso en Bildu
Es más, según señalan a este periódico otras fuentes parlamentarias, incluso a Mertxe Aizpurua, portavoz en el Grupo Parlamentario de Bildu en el Congreso, le ha sentado mal la inoportunidad de su jefe de filas porque ha obligado a los socialistas a replegarse a posiciones más intransigentes -"tiene que pedir perdón", llegó a decir la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez- y ese repliegue fortalece la posición hegemónica del PNV como interlocutor en Madrid.
Pero, más allá del pulso en el mundo nacionalista vasco por ver quien ostenta la hegemonía, la esperanza del equipo de Pablo Casado para dispersar a los 184 etarras que quedan en las prisiones españolas -66 en centros del País Vasco- va a volcarse tanto en el Congreso como en los tribunales en "vigilar" (más) la relación PSOE/Bildu; sobre todo en las medidas de aceleración en el cumplimiento de la condena de los 118 presos en centros del norte bajo competencia de Instituciones Penitenciarias.
Y para ello el PP se volcará en el recurso estrategia judicial más oportuno al que acompañará con proposiciones de ley y No de ley en el Parlamento; en la sede de Génova se entiende que "hay mimbres" para ello, sobre todo después de que la Audiencia Nacional haya advertido, hasta en tres ocasiones, que el arrepentimiento mediante carta-tipo controlada por el frente carcelario y los abogados de la banda resulta un fraude de ley; es "genérico", no individualizado y dirigido a las víctimas concretas a las cuales cada uno causó daño irreparable, recuerdan los jueces en sintonía con la Fiscalía en numerosos de los casos judicializados.
Durante el último trimestre de 2020 la Audiencia Nacional se pronunció tres veces contra la ‘carta-tipo’ de arrepentimiento sin asumir responsabilidades individuales con las víctimas en que Instituciones Penitenciarias basó los acercamientos de etarras
El año pasado y por vez primera, en el auto 758/2020, de 29 de octubre, la Sección Primera de la Audiencia Nacional dio un primer aviso al Gobierno por sus acercamientos: "Hemos apuntado que la asunción genérica de responsabilidades, limitada al reconocimiento de los hechos o incluso la alusión al daño causado a las víctimas por la actividad desplegada en el ámbito de la pertenencia a ETA, no es equiparable a la petición expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas".
Un mes más tarde, en el auto auto 869/2020 de 26 de noviembre, ya entra de lleno en el fraude de ley que supone aceptar por parte de Instituciones Penitenciarias la carta-tipo en la que se basaron esos acercamientos a cárceles vascas o cercanas al País Vasco: "Considera el tribunal que no cabe ignorar la coyuntura temporal en que se presentó el escrito, que hace dudar de la sinceridad al reconocimiento del dolor causado, tendente a dar respuesta a las alegaciones del fiscal, relativas a la necesidad de explicitar la asunción de la responsabilidad delictiva, elemento que se reputó esencial para la procedencia de permiso. Se infiere que el autor continuaba calificando la organización terrorista de movimiento político. El escrito no evidencia una ruptura con los postulados terroristas, sino la continuación de su justificación por motivos políticos, en la línea de la disciplina de la banda".
Y el 30 de diciembre, por tercera vez en tres meses, el auto 944/2020 volvía a insistir sobre otro caso concreto: "Concluimos nuevamente que ha de ser estimado el recurso del Ministerio Fiscal, por la ausencia de solicitud de perdón a las concretas víctimas, reparación del daño y reconocimiento del daño (no meramente formal y finalista anudado la solicitud de beneficios penitenciarios)".
Espejel y Jiménez Becerril
El PP tendrá que decidir en las próximas semanas -todavía no ha tomado la decisión- si impugna los acercamientos de presos de ETA -en total han sido más de 270 desde que llegó Pedro Sánchez al poder en 2018- ante la propia Audiencia Nacional, o engloba todos esos expedientes en un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra lo que considera "una estrategia política" tendente a favorecer su estabilidad parlamentaria con Bildu.
Precisamente el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional (TC) de la magistrada Concepción Espejel, ponente en la de Audiencia Nacional de varias sentencias de rechazo a esos acercamientos mediante una carta-tipo común a casi todos los casos, hace albergar a algún sector de los populares la esperanza de que cuando el asunto llegue al TC el alto tribunal acabe fallando en contra de los traslados.
Además, dicen las fuentes consultadas, la nueva adjunta al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez Becerril, hermana del exconcejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA junto a su esposa en enero de 1998, será un "baluarte" de las víctimas para evitar que el olvido de lo que fue la banda terrorista se imponga. Aupada al cargo por expreso deseo de Pablo Casado, Jiménez Becerril ha sido muy crítica en los últimos años con acercamientos de presos etarras al País Vasco.
Este mismo martes, 48 horas antes de ser nombrada adjunta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reaccionaba así a las palabras de Arnaldo Otegi:
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