El Partido Popular y el sindicato de funcionarios CSIF coincidieron este martes en criticar al Ministerio de Asuntos Exteriores en dos iniciativas relacionadas con la polémica contratación en el consulado de Houston (Estados Unidos) del marido de la propia cónsul, Julia Alicia Olmo, un caso desvelado la pasada semana por Vozpópuli.

La formación de Pablo Casado registró una batería de preguntas sobre este asunto, después de que hace unos días hiciese lo mismo Ciudadanos. El PP pregunta de inicio al Gobierno si en la convocatoria de dicha plaza se indicó que era una vacante y en caso negativo, por qué no se publicó en las redes sociales del consulado ni en su página web para que pudieran concurrir otros candidatos.

Asimismo, el PP pide a Exteriores saber "con qué experiencia y capacidades" cuenta Juan Ignacio Avello Soria "para ocupar dicho puesto además de ser marido de la señora Olmo", así como el sueldo que va a percibir por la prestación de sus servicios. Una petición que este periódico ya hizo a la Oficina de Información Diplomática (OID) y de la que no obtuvo respuesta.

La cónsul española en Houston contrata a su marido
La cónsul española en Houston, Julia Alicia Olmo, junto a la resolución de la convocatoria que beneficia a su marido.

Tras ello, inquiere al departamento de Arancha González Laya si va a tomar alguna medida concreta "para que esta plaza sea cubierta con todas las garantías de idoneidad de los candidatos" y si se van a cumplir los mecanismos internos de control que tiene estipulados Exteriores "para evitar que sucedan este tipo de irregularidades".

"Amiguismo" en Exteriores

CSIF fue más duro en una nota informativa en la que se hace eco de la exclusiva de este medio, con una "plaza dada a un solo convocante, su cónyuge". Un hecho que, a juicio de este sindicato, "no es más que otro producto de la eterna obsolescencia" del reglamento de la carrera diplomática.

En opinión de CSIF, el caso de Houston es una muestra de la "falta de un sistema de acceso por méritos y capacidad acorde al siglo XXI, sin feudalismos intrínsecos". Es más, apunta a que estas "malas prácticas carentes de ética, moral y deontología" son ejecutadas "desde posiciones oligárquicas, amparadas por una normativa bananera, conculcando derechos fundamentales y libertades constitucionales".

CSIF reprocha a Exteriores que fomente "concursos fantasma" como el de este consulado, con "tribunales de examen endogámicos bajo el dictado del titular de la cartera"

CSIF reprocha a Exteriores que fomente "concursos fantasma" como el de este consulado, con "tribunales de examen endogámicos bajo el dictado del titular de la cartera", en referencia a la cónsul, y en los que se fomenta "el amiguismo o el deplorable sistema de puertas giratorias en detrimento de la meritocracia y la capacidad".

Ante una conculcación "de los principios de transparencia y publicidad" en este caso, el sindicato de funcionarios solicita a Exteriores que "indique públicamente la retribución asignada que lleva percibiendo desde hace cuatro meses como auxiliar administrativo el familiar de la cónsul en Houston".

Embajadora contra las 'fake news'

Olmo fue nombrada cónsul en Houston en abril de 2019 y tomó posesión del cargo en agosto de ese año ya con González Laya al frente del Ministerio. Previamente, el Gobierno de Mariano Rajoy la eligió en marzo de 2018 como embajadora en misión especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad.

Por tanto, fue la primera responsable gubernamental al frente de la lucha contra organizaciones dedicadas a difundir noticias falsas aprovechando la viralidad que brindan las redes sociales. Ello se pudo constatar con motivo del desafío independentista en Cataluña en el otoño de 2017, cuando el Ejecutivo de Rajoy acreditó la injerencia de hackers rusos, tal y como recordó El Independiente en el momento del cese de Olmo.

Antes de ser embajadora contra las 'fake news', estuvo destinada como embajadora en Angola entre 2012 y 2017. El Confidencial desveló en 2015 que Exteriores había concedido a Olmo el alquiler de una vivienda en Luanda, por la que se pagaba más de 25.000 euros al mes, ya que el estado de la residencia oficial no era de su agrado.