El PP apura a Armengol a aclarar el criterio jurídico del Congreso sobre la amnistía tras dos informes contradictorios

Tras el informe emitido por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre la ley de amnistía, que duda de su constitucionalidad, el Partido Popular ha emplazado este miércoles a la presidenta de la cámara, Francina Armengol, a aclarar cuál es el criterio jurídico del Congreso en relación con esta norma.

A su juico, existe un dilema jurídico en la posición de los letrados porque se han emitido dos informes "distintos y contradictorios" sobre este asunto.

"Si todos los letrados opinan como los de la Comisión de Justicia, quizá el secretario general del Congreso (y letrado mayor) tendría que plantearse su continuidad en el cargo", ha asegurado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en un encuentro informativo con la prensa en la sede nacional del partido.

La proposición de ley ya se sometió a un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio entonces dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, aunque no tan "palmarias" como para vetar su tramitación.

A su entender, ahora hay que ver si el letrado mayor va a "reconsiderar su informe" de la ley de amnistía, dado que están ante un "órgano constitucional" cuyos asesores, los letrados, han emitido "dos informes distintos y contradictorios".

Por eso, el responsable de Institucional del PP ha insistido en que es Presidencia de la Cámara la que debe "aclarar cuál es la posición jurídica" sobre la ley de amnistía antes de que el Senado se pronuncie sobre esta norma. Además, ha apuntado a que los demás letrados de la Cámara también se pronuncien y, si comparten la posición de las letradas de la Comisión de Justicia, Galindo debería plantearse su posición.

El PP critica la salida del informe tras las enmiendas

El PP ha denunciado que este informe de las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso tiene fecha del 10 de enero, pero se ha dado a los miembros de la Comisión el 16 de enero, después de que hubiera acabado el plazo para presentar enmiendas a la ley de amnistía. "De la factoría Francina Armengol", ha criticado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, presente también en este briefing con la prensa.

Según González Pons, esos informes técnicos tienen sentido en el proceso legislativo para ilustrar a los diputados en la fase de elaboración de enmiendas, ya que permite a los miembros de una comisión conocer la opinión de los letrados.

Por eso, Pons ha dicho que es "absurdo" desde el punto de vista procedimental que los letrados conozcan ese informe cuando el plazo de enmiendas a la ley de amnistía ha finalizado, "no dando plazo a presentar enmiendas amparadas en ese informe".

En el mismo encuentro informativo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que el nuevo informe de los letrados es "claro y contundente" y "ratifica", como ha sostenido su partido desde el primer momento, que están ante una norma "inconstitucional".

De hecho, ha recordado que así lo dijo el Congreso "hace dos años" y la Constitución "no se ha cambiado en estos dos años". De la misma manera, ha recordado que las enmiendas sobre la amnistía también fueron rechazas durante el proceso constituyente.

Responde "única y exclusivamente a un pago"

Por todo ello, ha señalado que este informe "claro y contundente" debería llevar al PSOE a "desistir de seguir adelante" con una norma que ha sido "objetada por los letrados", en línea con lo que se hizo en el año 2021.

"Esta ley es inconstitucional desde el primer momento en que se presenta y ante un informe que hoy ratifica todo esto, lo que debería hacer el PSOE es retirar esta iniciativa", ha abundado la 'número dos' del PP. A su entender, eso es lo que deberían replantearse los socialistas y si siguen adelante es porque esta ley responde "única y exclusivamente a un pago" para seguir en Moncloa.

Gamarra ha indicado que las enmiendas a la ley evidencian que los independentistas han incrementado el "precio", ampliando más las personas de esa "casta política" que van a ser beneficiadas sin rendir cuentas ante la Justicia. "Si no, colorín colorado, sin Moncloa te has quedado. Eso es lo que le viene a decir Junts a Pedro Sánchez", ha enfatizado.

"No hay por dónde cogerla"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que la ley de amnistía "no hay por dónde cogerla, no porque lo diga el PP" sino "porque lo dicen los letrados en un ejercicio de moralidad brutal", en el que han levantando la bandera del "no todo vale". A su entender, la política "no puede pasar por encima del Derecho".

"Cualquier socialista que se considere un demócrata de bien si lee ese informe tiene que asumir que el Gobierno se ha equivocado y se han pactado cosas que no se podían pactar y que seguir caminando es un disparate", ha asegurado, para añadir que el informe acredita que la amnistía es "un misil contra la línea de flotación del Estado de Derecho".

Tellado ha explicado que el PP ha presentado enmiendas de supresión a esta norma pero ha confirmado que en el "momento procesal oportuno" el PP presentará una iniciativa que incluya el delito de deslealtad constitucional porque Pedro Sánchez "gobierna con una serie de partidos que quieren desmantelar el Estado de Derecho y que sea más débil". "Vamos a volver a proponerlo para que el Estado se pueda defender de los que quieran debilitarlo", ha confirmado.

Al ser preguntada si tras este nuevo informe de los letrados el PP puede actuar en el trámite parlamentario para paralizar la tramitación de la norma y presentar un recurso al Constitucional que impida la votación, Gamarra ha indicado que el PP va a estudiar en profundidad ese informe y las posibilidades que eso permita. "Pero mucho nos tenemos que esa vía no cabe", ha admitido.

Al ser preguntado a quién beneficie la ampliación del plazo para beneficiarse de la amnistía, González Pons ha aludido que lo que se busca con ese marco temporal es beneficiar a los hijos de Jordi Pujol y "los que quisieron tapar el 3% por la independencia".