El Congreso tumba el 'plan B' jurídico del PP alternativo al estado de la alarma

El PP no ha conseguido este martes en el Congreso los apoyos suficientes para su 'plan B' jurídico, su vía alternativa al estado de alarma, una iniciativa por la que además ha recibido fuertes críticas, sobre todo de Ciudadanos, el partido con el que gobierna en cuatro autonomías.

La iniciativa popular ha recabado los votos favorables de PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, diez escaños insuficientes para sacar adelante la votación.

La portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de defender la propuesta del PP para adoptar restricciones mediante una ley ordinaria -reformando la de salud pública, de 1986- y cuya tramitación no seguirá adelante tras el anunciado no de Ciudadanos, Vox, PSOE, Unidas Podemos, ERC o el PNV.

Conllevaría menos garantías y más control

Gamarra ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir "la excepcionalidad máxima en rutina". "Aprobar el estado de alarma es para ustedes un día en la oficina", ha ironizado, defendiendo la necesidad de un "término medio" que permita aplicar restricciones con seguridad jurídica sin recurrir a la medida "excesiva" del estado de alarma.

Los "populares" consideran que no es necesario prohibir salir de casa "mientras se suspendan actividades que no supongan la supresión de derechos fundamentales" y que así lo permitiría un texto donde las autonomías podrían cerrar zonas o controlar cuarentenas con "idoneidad y proporcionalidad".

Los argumentos del principal partido de la oposición no han convencido al resto de grupos, que piensan que restringir derechos mediante una ley orgánica ordinaria conllevaría menos garantías y control parlamentario.

Además, los grupos intervinientes han coincidido en señalar que decreto aprobado en septiembre para adaptar la justicia al coronavirus, la ley 3/2020, invalida parte de la propuesta del PP, pues actualmente son los tribunales superiores y no los juzgados contencioso administrativos los que ratifican las limitaciones sanitarias.

Gamarra ha subido a la tribuna a decir "disparates"

El debate ha sido escenario de un ataque del diputado de Vox José María Sánchez a Gamarra, a quien le ha dicho que ha subido a la tribuna a decir "disparates" con un discurso que "le han escrito", y que se adhiere a una cogobernanza que "no existe".

"Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana", ha espetado el diputado de Vox en una intervención donde ha animado a los 'populares' a "volver a la facultad -"Doña Cuca desde luego"- y ha acusado al PP de perder el juicio por defender la descentralización.

Las pullas lanzadas por Vox han sido calificadas de "machistas" y faltas de "rigor jurídico" por parte de Gamarra, respaldada por Cs o JxCat, que creen que el parlamentario de Vox ha faltado el respeto a la popular.

Han sobresalido además las contundentes críticas de Ciudadanos. "El estado de alarma es el plan A, confinar no es posible si no es con el estado de alarma (...) utilizan una trampa, no se puede distinguir entre privación y restricción de derechos, no hay ningún camino intermedio", ha defendido su portavoz, Edmundo Bal.

Para la formación naranja la reforma que plantea el PP permite que el poder ejecutivo "se meta en los derechos fundamentales" "sin garantías" ni "control suficiente". "Sánchez estaría encantado", según Bal, que cree que el del PP "no vale ni como plan Z".

Los grupos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han afeado también la eliminación del control.

Ana Prieto ha acusado al PP de pretender convertir lo "permanente" en "provisional"

La socialista Ana Prieto ha acusado al PP de pretender convertir en "permanente" lo "provisional" y de "rectificarse" a sí mismos en el camino. "Su gran error es querer sacar rédito político de esta pandemia", ha agregado la diputada socialista, quien ha reclamado a los "populares" que sean "patriotas" y apoyen al Gobierno.

"La autoridad sanitaria de Ayuso podría limitar derechos constitucionales sin someterse a un control judicial previo y sin siquiera pasar por el parlamento, el confinamiento de clase se podría adoptar por un mero acuerdo de un funcionario", ha apuntado por su parte Santiago Romero, de En Comú Podem.

Mikel Legarda (PNV) y Genís Boadella (JxCat) han defendido la necesaria mejora de la ley de salud pública, aunque no que el cambio sea "para evitar restricciones de derechos fundamentales", en palabras del diputado vasco, o que se judicialicen las decisiones políticas, algo que rechaza JxCat.

La diputada de ERC Carolina Telechea ha rechazado cualquier reforma que no dé a la Generalitat todas las competencias en materia de salud pública y ha acusado al PP de dejar "morir a su gente en la pandemia" con "política de derechas", mientras "el PSOE mira a otro lado".