El Senado no llegará a plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto competencial con el Congreso a propósito de la “reforma encubierta” de la Carta Magna de 1978 que supone la Ley de Amnistía y que denuncia el PP sobre la base de un informe de los letrados de la Cámara Alta que da soporte a un inédito choque institucional entre ambas Cámaras por primera vez en 45 años de democracia.
Ruido político y parlamentario, “todo” el que sea necesario, señalan a Vozpópuli fuentes del principal partido de la oposición, que controla el Senado con mayoría absoluta, pero nunca dejar el conflicto en manos del órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido; porque el Tribunal de Garantías lo rechazaría y eso sólo contribuiría a la estrategia de Pedro Sánchez y el PSOE de deslegitimar a quienes se oponen a la norma que va a dejar en libertad a Carles Puigdemont y demás implicados en el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.
De hecho, este periódico ya anunció hace un mes, al hilo del debate de fondo sobre la ley, que el PP había cambiado de opinión. Inicialmente, se barajaron recursos al TC del Grupo Popular de Congreso y Senado, y de los doce gobiernos autonómicos que presiden o están participados por ese partido, pero finalmente no va a presentar recursos de inconstitucionalidad; dada su convicción de que Conde-Pumpido y la mayoría de magistrados progresistas (7/4) que forman el tribunal son unos “actores políticos” más a favor de las tesis del Gobierno y sus socios independentistas, ahora los populares no están por la labor.
La estrategia de Alberto Núñez Feijóo y los suyos pasa por fiarlo todo a que sea el TJUE el que enmiende la plana al Gobierno y sus socios, y. declare no conforme a Derecho Comunitario la Ley de Amnistía, sin pasar por Conde-Pumpido ni darle más bazas a Sánchez.
Si ningún gobierno autonómico controlado por el PP ni 50 diputados del Grupo Popular de las Cortes presenta ese recurso, ningún otro partido podrá hacerlo -Vox solo tiene 33 diputados-. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), presidida por Manuel Marchena, tampoco está por la labor de hacer el favor al Gobierno, dar a Conde-Pumpido y a la mayoría de magistrados progresistas del TC la posibilidad de pronunciarse a favor de la Ley de Amnistía.
Marchena y los magistrados de la Sala Segunda del TS ignorarán al tribunal de garantías español y presentarán directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dos cuestiones prejudiciales: una contra el fondo de la norma, por no ajustarse a la legislación europea, y otra sobre la prohibición los órganos jurisdiccionales no puedan suspender la aplicación de la amnistía durante el tiempo que dure la tramitación de la norma ante el propio TJUE. Aproximadamente año y medio.
Dentro de esa misma estrategia, el inédito conflicto de competencias con el Congreso que el Grupo Popular va a llevar a la Mesa del Senado el próximo martes sólo tendrá un recorrido político, no judicial. En este sentido, una fuente de la Dirección popular consultada por Vozpópuli admite que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo y el principal partido de la oposición pasa por fiarlo todo a que sea el TJUE el que enmiende la plana al Gobierno y sus socios independentistas.
Pedro Rollán enviará un escrito al Congreso declarando conflicto de competencias por la supuesta reforma encubierta de la Carta Magna vía proposición de ley, que denuncian los populares y los letrados de la Cámara Alta, y la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, tendrá un mes para pronunciarse sobre si retira la Ley de amnistía o no
El PP intenta que el tribunal europeo declare no conforme a Derecho Comunitario la Ley de Amnistía, sin pasar por Conde-Pumpido. Y en esa estrategia no tiene cabida un conflicto competencial Senado/Congreso “perdido de antemano” ante el TC, que la Mesa del Senado elevará al Pleno para su aprobación la semana después de Semana Santa.
Cuando eso ocurra, cuando la mayoría absoluta del PP faculte al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, éste enviará un escrito al Congreso declarando conflicto de competencias por una supuesta reforma encubierta de la Carta Magna vía proposición de ley, que denuncian los populares y los letrados de la Cámara Alta, y la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, tendrá un mes para pronunciarse sobre si retira la proposición de ley de amnistía o no.
A partir de ese momento, si la respuesta de Armengol es un rechazo a la existencia de ese conflicto, en teoría, al Senado ya solo le cabría llevar el asunto vía recurso ante el TC de Cándido Conde-Pumpido, cosa que la mayoría absoluta del PP que lo controla no parece dispuesto a hacer.
“Vicio de procedimiento”
En el escrito que ha presentado a la Mesa del Senado para su aprobación, el Grupo Popular sostiene que “pese a su calificación por el Congreso como Proposición de Ley, estima la Mesa que en realidad supone una reforma constitucional, dado su efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales una competencia de la que constitucionalmente carece”.
Y se remite el escrito al informe de la Secretaría General de la Cámara Alta, donde los letrados señalan que esa proposición de ley “supone un vicio de procedimiento y la vulneración del artículo 23 de la Constitución, por la utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios”.