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Política

CCAA del PP denuncian el 'dedazo' de Sánchez en empresas públicas "para favorecer a Cataluña con los fondos UE"

Enisa, en la que Sánchez colocó a Borja Cabezón como CEO, gestionará este año 3.233 millones de los Pertes de Descarbonización, el Vehículo Eléctrico y el Agroalimentario

CCAA del PP denuncian el 'dedazo' de Sánchez en empresas públicas "para favorecer a Cataluña con los fondos UE"
Pere Aragonès y Pedro Sánchez en Barcelona EFE

Las colocaciones de destacados líderes socialistas afines a Pedro Sánchez en las principales empresas públicas han encendido todas las alarmas en las comunidades gobernadas por el PP. En su opinión, dicen varias fuentes a Vozpópuli, el problema no es que se trate sólo de enchufes, que también; sino que la verdadera preocupación es que se genere un favoritismo hacia Cataluña en el reparto de fondos europeos.

“Cuando Sánchez pone a Borja Cabezón en Enisa no hay que enfocarlo como si fuera solo amiguismo”, explican estas fuentes. “Lo importante es que Cabezón puede plegarse a lo que pida Moncloa para, por ejemplo, satisfacer al separatismo”.

Una de las novedades de esta nueva legislatura es que La Moncloa ha estado encima de la mayoría de nombramientos de cargos medios e intermedios en los ministerios y empresas públicas. Sánchez ha querido un control total sobre la parte socialista del Ejecutivo dada su debilidad parlamentaria y la inestabilidad que genera un aliado tan imprevisible como Carles Puigdemont.

'Dedazos' en empresas públicas

El presidente ha influido directamente en el nombramiento de Cabezón en Enisa, dependiente de Industria; o en el de Pedro Saura en Correos, y tantos otros. Son empresas que juegan un papel destacado en el desarrollo de los Perte para hacer llegar los fondos europeos a las empresas, también pequeñas y medianas.

En este sentido, estas fuentes recuerdan que los pactos de investidura suscritos entre el PSOE, Junts per Catalunya y ERC recogen varios puntos sobre financiación, deuda, inversiones y competencias. Se habló incluso de una asignación retroactiva a Cataluña del 19% de los fondos Next Generation, tal y como quedó recogido en una pregunta a la Comisión Europea en noviembre.

El Gobierno admitió hace unos días que Cataluña es la primera comunidad autónoma en captaciones de fondos del Perte agroalimentario. Un total de 57 empresas de esta región captaron casi el 30% de los 183 millones de la primera convocatoria de ayudas.

Cataluña gestiona 3.963 millones de euros de los fondos Next Generation, según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Hacienda recogidas en la web del plan de Recuperación. Es la segunda comunidad más beneficiada tras Andalucía, pero ha recibido un 40% más de ayudas que Madrid.

El caso de Enisa, que depende del Ministerio de Industria que encabeza Jordi Hereu, es uno de los más significativos. Cabezón es el nuevo responsable de esta empresa pública, que a finales del año pasado recibió el encargo de gestionar el tramo final de los Fondos Europeos, en este caso focalizados principalmente en el sector industrial.

El caso de Enisa

Según las cifras que se facilitaron entonces, Enisa movilizará este año 2024 un presupuesto de 3.233 millones de euros. Son 1.480 millones correspondientes al Perte de Descarbonización, divididos en 430 millones en subvenciones y 1.050 millones en préstamos; 1.250 millones del Perte del Vehículo Eléctrico, repartidos en 250 millones en transferencias y 1.000 millones en créditos; y 200 millones en préstamos del Perte Agroalimentario. Además, hay una línea de 300 millones para impulsar pymes innovadoras y startups.

Desde el PP aseguran que sus suspicacias hacia este reparto están justificadas por la opacidad de los acuerdos con Junts y ERC. Ciudadanos preguntó a la Comisión por el “trapicheo” de fondos europeos para beneficiar a Cataluña.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, respondió que el desembolso de fondos está supeditado al cumplimiento y evaluación positiva de los hitos y reformas pactadas entre el Gobierno y la Comisión.

Pero sobre la distribución de fondos en España dijo que “corresponde a los Estados miembros la responsabilidad por la distribución de los fondos a nivel regional, de conformidad con su legislación nacional”.

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