La dirección del PSOE ha pedido al exministro de Transportes José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado en el Congreso y que responda en las próximas 24 horas "por responsabilidad" en el 'caso Koldo'. La ejecutiva del partido dice ser consciente de que el ex número tres del partido no está implicado por el momento ni se le está investigando, pero los socialistas creen que debe responder y asumir políticamente el coste de que uno de sus más estrechos colaboradores durante su etapa en el ministerio, Koldo García, esté presuntamente implicado en una trama de cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas.
Los socialistas, además, han anunciado que crearán una comisión de investigación en el Congreso para investigar la compra de la material sanitario durante la pandemia. "Nosotros asumimos la responsabilidad de estudiar y de dar verdad de lo que sucedió en esos momentos. Nadie puede lucrarse del dolor y de las administraciones públicas", ha asegurado la portavoz, Esther Peña, quien se ha referido a la "sinvergonzononería" de Koldo García. El PSOE solo ha tratado la situación de Ábalos, quien este fin de semana dijo no tener en mente entregar el acta salvo que el partido se lo pidiera expresamente.
"La Comisión Ejecutiva Federal ha decidido solicitar por unanimidad a José Luis Ábalos que entregue el acta. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales. Pero la Comisión considera que existe una responsabilidad política. Y esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximos 24 horas", ha anunciado Peña. Ábalos mantuvo el jueves una reunión con el secretario de organización, Santos Cerdán. Y "varias personas" de la dirección han hablado con él, según la portavoz, que considera que Ábalos hará "lo mejor para el PSOE".
Ábalos lleva varios días aguantando la presión de los suyos. Hasta el pasado viernes, fuentes gubernamentales socialistas aseguraban que no habían pedido explicaciones a Ábalos y que este "de momento" no debía entregar el acta de diputado por la mera detención de un colaborador suyo. Pero a medida que se han sucedido las publicaciones del caso, aún bajo secreto de sumario, empezó a crecer la presión entorno al dirigente valenciano para que ponga fin a su etapa en el Congreso de los Diputados. Primero fue la número dos del PSOE, María Jesús Montero, luego la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por último el presidente del Gobierno.
Un torpedo para la aspiración de Ábalos
La investigación en torno a la trama del cobro de comisiones ilegales por los contratos públicos para el suministro de mascarillas durante la pandemia que presuntamente lideraba Koldo García, hombre de confianza de Ábalos, anula cualquier opción del exministro de Transportes de integrar las listas del PSOE al Parlamento Europeo, como era su aspiración, tal como trasladó hace meses al partido y al propio entorno del núcleo duro de La Moncloa.
La forma en que Sánchez se desentendió de cualquier responsabilidad respecto a la compra de material contra el covid evidencia cómo el presidente del Gobierno ha puesto distancia con el eventual desarrollo de una investigación judicial que alcanza ya a casi una veintena de personas. El presidente insiste en que no conocía el caso y que no fue ese el motivo por el que decidió prescindir del exsecretario de organización socialista y exministro de Transportes en verano de 2021. Ahora, advierte de que será "implacable" contra la corrupción "caiga quien caiga".
Lo cierto es que Sánchez empieza a verse acorralado. El presidente del Gobierno está en mitad de una tormenta perfecta que amenaza con dinamitar la recién estrenada legislatura. El líder del PSOE está más débil que nunca, cercado por la corrupción que emana del caso Koldo y tras el batacazo del partido en Galicia, donde los socialistas se dejaron buena parte de su capital político en unas elecciones que arrojaron malos resultados para Ferraz -de 14 a 9 escaños-. En estas circunstancias tan adversas afronta el líder del PSOE la negociación definitiva con Carles Puigdemont para desencallar la ley de amnistía, la llave de una mínima estabilidad en el Congreso de los Diputados.