El PP mueve posiciones en su ofensiva contra Ley de Amnistía y utilizará su mayoría absoluta en el Senado como ariete. Capitaneados por Alicia García, su portavoz en la Cámara Alta, los populares han anunciado este martes un "conflicto de atribuciones contra el Congreso" amparándose en el largo informe de 69 páginas emitido este lunes por la secretaría general del Senado, que considera que la tramitación de la Ley de Amnistía -no la propia ley- podría significar una reforma constitucional encubierta.
Fuentes populares consultadas por Vozpópuli apelan al artículo 188 del Reglamento del Senado para justificar su defensa. Un precepto que establece que dicha acción, la de plantear un conflicto de atribuciones con otros órganos constitucionales del Estado, podrá ser impulsada por un grupo parlamentario o 25 senadores con un texto debidamente motivado. "Es un trámite fraudulento porque está vulnerando también los derechos de los senadores", consideran las fuentes consultadas. "Presentaremos un escrito en el registro que se elevará al Pleno del Senado, y si el Pleno lo vota, se mandará al Congreso, que tiene 30 días para decidir qué hace con ello", desgranan el trámite previsto en el Reglamento las fuentes consultadas.
"Quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a la retirada de la proposición de la Ley de Amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", ha comunicado la portavoz popular durante su interpelación a Félix Bolaños, ministro de Justicia, durante la Sesión de Control al Gobierno en la Cámara Alta.
Pero, ¿en dónde desemboca todo esto? La intención del PP es que lo haga en el Tribunal Constitucional. Si la Cámara Baja no contesta a la petición de los populares o su respuesta es negativa (algo que el PP da por sentado), el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.
"La diferencia es que Puigdemont decide en el Congreso lo que se aprueba, y en el Senado, lo hace el Partido Popular", ha sacado pecho Alicia García de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta durante su intenso rifirrafe parlamentario con Bolaños. "No somos parlamentarios de segunda", ha defendido la portavoz popular, quien ha dibujado "ninguneada" la institución por el Gobierno. El ministro ha vuelto a apelar al informe de la Comisión de Venecia que, a juicio del Gobierno, avala la promulgación del texto.
Sin precedentes
Se trata de una situación histórica, jamás vivida en 45 años de democracia. La Ley de Amnistía ha conseguido elevar la temperatura entre Gobierno y oposición hasta alcanzar un choque hasta ahora inédito entre Congreso y Senado. La jurisprudencia constitucional alberga sólo cinco conflictos entre órganos constitucionales desde 1978, y nunca entre ambas cámaras. Por tanto, este seria el sexto.
El PP apela en su defensa, punto por punto, argumento por argumento, a la terminología empleada por los letrados de la Cámara Alta. Los letrados apuntan en el mismo informe base de la actuación popular que la manera en la que se ha efectuado el trámite dota a las Cortes Generales de una competencia que "no tienen expresamente reconocida" en la Constitución. Algo que, en definitiva, supone un "vicio de procedimiento" y la vulneración del artículo 23 por "utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios".
Los letrados, además, abren la puerta a la posibilidad de pedir al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado "por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta". No obstante, fuentes populares consultadas por este periódico declinan por el momento esta vía, incluida en el último punto del informe. En caso de no hacerlo, la ley seguirá el cauce temporal previsto y se aprobará el próximo 16 de mayo.