La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha comunicado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la predisposición de las islas para acoger a una parte de los 629 refugiados del barco Aquarius y, aunque varios de sus detractores celebran la iniciativa, no dudan en recriminarle que, a través del polémico decreto que regula el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública balear, está excluyendo a médicos preparados que podrían atender a esos y otros pacientes.
Cualquier crisis, aunque sea humanitaria, es caldo de cultivo para los reproches de quienes consideran que la socialista, que gobierna en coalición con los nacionalistas, les está imponiendo el uso de esta lengua. Y más después de hacerse pública la intención del Govern de lanzar una Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) a imagen y semejanza de las que ya operan en Cataluña y Valencia y que sirven, según fuentes cercanas a la Dirección General de Política Lingüística dirigida por Marta Fuxà consultadas por este diario, para señalar a los funcionarios y empleados que no hablan en catalán durante su horario laboral en instituciones y empresas.
Según ha explicado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, los trámites previos a la elaboración del proyecto del decreto para crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos ya se han iniciado
Tras los médicos del sector público, llegaron los barrenderos de la empresa municipal Emaya y los enterradores de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM), pasando por los hamaqueros de las playas. Todos deben certificar el dominio oral y escrito del catalán y, aunque aún se encuentra en fase embrionaria, pronto habrá una oficina que vele por ello y que recoja las reclamaciones en materia de derechos lingüísticos. Según ha explicado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, los trámites previos a la elaboración del proyecto del decreto para crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos ya se han iniciado.
De acuerdo al Ejecutivo balear, la idea es el resultado de una consulta previa realizada a través del portal de participación ciudadana del Govern y que buscaba recoger la opinión de la ciudadanía antes de la redacción del texto "por parte de las personas y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma futura y saber si es necesario y oportuno aprobar una nueva norma, qué objetivos tiene que tener y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias".
Finalidad cuestionada
La finalidad de esta iniciativa es, según el equipo de Armengol, crear un organismo que ayude a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante situaciones de vulnerabilidad lingüística. La aprobación del proyecto de decreto por el que se crea la ODL -cuarta de estas características en España contando la que existe en el País Vasco- es, según la versión oficial, para garantizar el derecho de los ciudadanos a usar la lengua oficial que elijan, pero los defensores del uso del castellano consideran que este centro solo es una herramienta más para imponer el catalán.
"Es inadmisible y preocupante esta imposición inconstitucional del catalán, ya que atenta contra los derechos lingüísticos de los castellanohablantes", defienden desde Sociedad Cívica Balear, asociación creada recientemente con el objetivo inmediato de paralizar el llamado decretazo sanitario, que está provocando un éxodo de médicos a otras regiones de España, y para movilizar al mayor número de profesionales el "problema que se avecina en Baleares".
Quienes hemos sido testigos en Cataluña de la implantación de una ODL, sabemos que sirve para denunciar al vecino, al compañero de trabajo o al representante de la administración"
Las islas cierran el triángulo de cuarteles impulsados por el nacionalismo -y parte del socialismo- en el Mediterráneo. La primera oficina de vocación homóloga fue la creada en Cataluña allá por 2004, durante los comienzos del Gobierno Tripartito. Entre sus cometidos destaca la atención a personas que quieren formular consultas o denuncias o quejas en torno del uso de la lengua catalana, y del aranés en la Valle de Arán; el trámite de denuncias para que los organismos competentes hagan una inspección y, si es necesario, impongan sanciones y ofrecer asesoramiento y recursos a las empresas o entidades donde se producen estos problemas, para facilitarles el uso del catalán.
"Quienes hemos sido testigos en Cataluña de la implantación de una Oficina de Derechos Lingüísticos, sabemos que su finalidad poco tiene que ver con la idea de preservar los derechos de nadie; sirve para denunciar al vecino, al compañero de trabajo o al representante de la administración que no nos haya atendido con la debidamente", opina Xavier Pericay, portavoz y diputado de Ciudadanos en Baleares.
País Vasco y Valencia
En el País Vasco, el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, conocido como Elebide, fue lanzado en 2008 (cuatro años después) por la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y su objetivo, según consta en su portal web, consiste en conseguir "un equilibrio real entre las dos lenguas oficiales". Las tramitación de demandas o quejas; información y asesoramiento; coordinación con entidades e instituciones y recoger propuestas y sugerencias son sus sus principales funciones.
"En la Comunidad Autónoma del País Vasco existen dos lenguas oficiales: el euskera y el castellano; y por ley, se le reconocen los mismos derechos a la ciudadanía independientemente de la lengua que use; de todas formas, esta igualdad legal no siempre coincide con la situación sociolingüística, y por consiguiente, se producen vulneraciones en el área de la lengua, tanto en el sector público como en el privado", explica la consejera de Enseñanza, Cristina Uriarte, en las Memorias del Elebide de 2015.
En Valencia, la Oficina de Derechos Lingüísticos llegó con algo más de retraso. De la mano del consejero de Educación Vicent Marzá, el Gobierno Valenciano aprobó en el Consell de 24 de noviembre de 2017 la creación y regulación de su ODL. Al igual que los citados gobiernos, el valenciano defiende la necesidad de estos centros porque "a pesar de los instrumentos legales que garantizan la protección de los derechos lingüísticos, la ciudadanía puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad".
"El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana declara el derecho de los valencianos y valencianas a conocer y a usar el valenciano, con la consiguiente obligación para el conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana de garantizar 'el uso normal y oficial de las dos lenguas oficiales' y de adoptar con esta finalidad 'las medidas necesarias para asegurar su conocimiento'", defienden desde la Generalitat Valenciana en el preámbulo del decreto por el cual se constituyó hace un año, y no sin polémica, la famosa oficina.