La Oficina de Conflictos de Intereses no comprobó si Sánchez está dado de alta como autónomo para publicar libros

Pedro Sánchez cobra más de 90.000 euros al año en calidad de presidente del Gobierno. Su residencia en Moncloa está sostenida con fondos públicos, al igual que sus gastos en viajes, uso del Falcon y comidas. En un país con un 11,7% de paro, su presidente del Gobierno compagina sus emolumentos públicos con contratos editoriales con el sector privado que le han reportado importantes ingresos. Pese a haber recibido más de 60.000 euros en beneficios por los libros publicados con Grupo Planeta, la Oficina de Conflictos de Interés confirma en un documento al que ha tenido acceso en exclusiva Vozpópuli que no ha comprobado si el presidente está dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.

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El contrato firmado por Manual de Resistencia le reportó en 2019 unos ingresos en concepto de derechos de autor de 16.666 euros, un dato que consta en la declaración de bienes que Sánchez hizo pública en la web del PSOE aquel año. Tras dos años negros en los que el presidente oculta su declaración, reporta en 2022 ingresos de 42.000 euros por su actividad literaria.

Esta actividad profesional sujeta a un contrato mercantil implica que Sánchez se haya dado de alta como autónomo. La Seguridad Social deja claro que "los escritores de libros" deben estar incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El INSS es meridianamente claro al respecto: un autónomo es "aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”.

Pese a ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita a la Secretaría de Función Pública y al Ministerio que hoy dirige José Luis Escrivá, afirma en su escrito que "no considera ni necesario ni oportuno dirigir consulta alguna a la Tesorería General de la Seguridad Social en relación a la actividad creadora del Presidente del Gobierno".

Los especialistas apuntan que un concepto clave a la hora de dar de alta a un escritor en la Seguridad Social es el de la "habitualidad". Es decir, un escritor es considerado escritor profesional cuando practica la actividad con regularidad o recibe ingresos por sus obras con frecuencia. En el caso de Sánchez ambas circunstancias se producen: ha publicado 2 libros en 5 años y ha recibido cuantiosos ingresos por los mismos cada ejercicio fiscal -60.000 euros como mínimo-.

La Oficina de Conflictos, dirigida por Flor María López Laguna, vuelve a la carga en defensa de Sánchez. Afirma por escrito que su actividad como escritor no es "habitual porque ello exigiría la concurrencia de permanencia o estabilidad en el desempeño de la misma, y, por el contrario, tiene mero carácter esporádico y eventual, como lo demuestra el hecho de que el Presidente del Gobierno únicamente ha publicado dos obras, existiendo un período de casi 5 años entre la publicación de la primera: “Manual de resistencia”, en febrero de 2019 y la de la segunda, “Tierra firme”, en diciembre de 2023". .

Que lucrarse con la publicación de libros mientras se ejerce la Presidencia del Gobierno es una actividad incompatible lo demuestra que la afiliación a la Seguridad Social en otra actividad estaría prohibida a tal cargo. Cualquier escritor, en las circunstancias editoriales de Sánchez en cuanto a ganancias y regularidad de publicación, habría sido dado de alta de oficio por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, obligándole a cotizar por tal actividad.

¿Está dada de alta como autónomo Irene Lozano?

Como ya adelantó este periódico, la Oficina de Conflictos afirma no tener copa de ningún acuerdo o contrato firmado con Irene Lozano, la escritora del libro de Sánchez. Se trata de un acuerdo que permanece oculto y en poder de Sánchez. Esto implica que se desconozca el alcance laboral y económico de esta relación, que de considerarse de dependencia obligaría a Sánchez a haber tramitado la afiliación a la Seguridad Social como autónoma a Lozano, en calidad de trabajadora dependiente del empresario. No hay que olvidar que Lozano ha compaginado sus tareas como directora de Casa Árabe, cargo público por el que cobra 97.000 euros al año, con la redacción de libros para el beneficio privado de Pedro Sánchez.

OC: Sánchez puede escribir libros porque no trabaja en Planeta

En el escrito de la OC se aporta un nuevo argumento a por qué no ha dado el paso para estudiar la posible incompatibilidad del cargo de Sánchez con la publicación de libros. Según el organismo de López Laguna, "no cabe considerar que dicha actividad sea consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios, dado su carácter discontinuo y esporádico, y toda vez que en ningún caso la remuneración derivada de la misma es constitutiva de una percepción de carácter laboral".

Es decir, que como Sánchez no está en nómina del Grupo Planeta puede lucrarse escribiendo libros mientras permanece en Moncloa. En ningún momento, la OC valora la posibilidad de que la relación de Pedro Sánchez con la editorial sea una relación profesional o mercantil, algo que la Constitución prohíbe de manera expresa en su artículo 98.3: “Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo ni actividad profesional o mercantil alguna”.

La excepción recogida en la ley de altos cargos, permitiendo escribir libros, está ideada para trabajos didácticos, ensayos políticos, libros de estudio, con un evidente interés científico…. La misma ley, a la que apeló la OC en primera instancia, en su exposición de motivos establece que “esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas". Resulta innegable que la producción literaria del presidente del Gobierno solo obedece a sus intereses privados, tanto políticos como económicos, por lo que la excepción de actividades literarias no tendría aplicación.