El Gobierno ha visualizado esta semana el coste que va a tener que pagar por aprobar leyes y decretos en esta legislatura. La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez ha convertido cada voto en imprescindible. El apoyo de la única diputada de Coalición Canaria fue decisivo para sacar adelante el decreto ómnibus tras la decisión de Junts per Catalunya de abstenerse.
Pero el precio de la cesión de la política de inmigración ha generado un problema para la formación canaria, que sufre la presión migratoria más alta de Europa en este momento y busca más lobi del Ejecutivo central en Bruselas para que la Unión ponga más medios y más dinero para afrontar la incesante llegada de pateras a la costa.
Coalición Canaria (CC), que lidera el Gobierno autonómico canario, ha emitido mensajes contradictorios desde la aprobación de los decretos. Su diputada en el Congreso Cristina Valido celebraba en las redes sociales que su voto había resultado decisivo para que el transporte público en las islas siguiera siendo gratuito.
Horas después, el Ejecutivo autonómico expresaba su “preocupación” por el acuerdo PSOE-Junts en materia migratoria para Cataluña y solicitaba una reunión urgente de la comisión sectorial de inmigración para conocer la “letra pequeña” del pacto.
Coalición Canaria y la inmigración
Además, insistía en la necesidad de una “respuesta unitaria del Estado y la UE”, porque –decía el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello,- un acuerdo a dos bandas puede alterar el posible reparto de menas (menores inmigrantes no acompañados) o de la atención que se presta a estas personas según la comunidad a la que lleguen o se deriven.
La inmigración irregular es la principal preocupación en la agenda del presidente autonómico, Fernando Clavijo, que busca más ayuda de Bruselas para afrontar esta crisis. Canarias estima que han llegado 40.000 inmigrantes el año pasado a esta región, un 135% más que en 2022. Y que al menos otros 6.000 murieron durante la travesía desde las costas africanas, según cifras de la ONG Caminando Fronteras.
CC firmó un acuerdo de legislatura con el PSOE antes de la investidura de Sánchez y después de varios cambios de opinión. El partido desalojó a los socialistas del ejecutivo canario gracias a un pacto con el PP. Después dijo que no apoyaría un Gobierno que estuviera apoyado en los extremos –Vox o Podemos/Sumar-. Apoyó a Alberto Núñez Feijóo porque se presentó a su investidura con un Gobierno en solitario.
Pero después se desdijo de lo anterior y alcanzó el pacto con Sánchez. CC se comprometía a apoyar los decretos y medidas del Gobierno a cambio de que se cumplieran varios hitos de lo que ellos llaman la “agenda canaria”. Una agenda que está marcada por la presión migratoria.
"No nos hacen ni caso"
La sensación en el partido es que el Gobierno “no nos hace ni caso” por el chantaje permanente al que le somete Puigdemont, que tiene otras prioridades como la amnistía. Y esta situación ha obligado a la comunidad a buscarse la vida por su cuenta.
Por ejemplo, el Gobierno de Clavijo buscó la colaboración de Ciudadanos y del grupo liberal en el Parlamento europeo. Uno de los objetivos de Canarias, por ejemplo, es que Europa equipare la situación de Canarias a la de Lampedusa y se movilicen medios y recursos económicos.
Todos movimientos cristalizaron en una visita de la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, a Canarias poco antes de Navidad. Lo hizo acompañada de varios ministros españoles, entre ellos Fernando Grande-Marlaska. El mensaje de Johansson fue que Canarias, como frontera exterior de la UE, no está sola.
Pero el Gobierno autonómico espera que Sánchez presione a favor de medidas de ayuda concretas y se comprometa verdaderamente con la agenda canaria. El voto de su diputada puede resultar decisivo si Junts sigue por esta vía y Coalición Canaria cree que el PSOE no está cumpliendo el acuerdo que suscribieron.
