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Política

Empresario castellonense denuncia trama de comisiones en sector obra pública

Camps Rajoy Valencia
Francisco Camps y Mariano Rajoy en un mitin en la plaza de toros de Valencia.

El expresidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC), Vicente Monsonís, ha denunciado el "modus operandi napolitano" de los partidos, sobre todo el PP, entre 1997 y 2005 en las adjudicaciones de obra pública en la Comunidad Valenciana, con comisiones, asegura, de hasta el 30 %.

Este empresario asegura que las manifestaciones vertidas por el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ante el juez de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel no le han sorprendido.

"Hubo gente honesta entonces que intentó ayudarme, pero que no consiguió enfrentarse a quien debía, aunque no sé a quién era", ha señalado.

Monsonís ha dicho que cuando fue presidente de la patronal castellonense se encontró con "diversas administraciones públicas de toda índole, básicamente del PP, pero también de otro partido, que ofrecían la manzana para que la mordiésemos".

El premio para las empresas, según ha explicado, "era grande, con lo cual cuando insistían y la cosa se ponía interesante es cuando la gente acababa picando".

Esto se utilizaba, ha añadido, "por parte de las constructoras como barrera para impedir que otras empresas pudiéramos desarrollarnos, porque en el momento en que se accedía a trabajar con ese 'modus operandi' se controlaba también la parte administrativa de las instituciones".

Por no entrar en ese juego, ha señalado, le llegaron a decir que "estaba muerto como empresario".

En este sentido, Monsonís ha afirmado que tras desistir de presentarse a la adjudicación de obra pública, su empresa continuó trabajando como agente urbanizador, aunque admite que su labor se convirtió en una "pelea contra funcionarios públicos".

En este sentido, ha explicado que habla de comportamiento "napolitano" porque esta organización corrupta que detalla "es una familia".

"Detrás de las empresas y los partidos hay una administración con funcionarios públicos que certifican, elaboran los informes y los documentos para poder proceder según la voluntad política y eso es irrompible", ha apuntado este empresario.

Las comisiones que conoció afirma que solían ser del 3 % inicialmente, aunque "si la obra no tenía holgura se acudía a unos modificados que en algunos casos podían ser ciertos y en otros no" y sobre esas cuantías "difícilmente justificables en algunos casos, se llegaban a comisiones del 30 %".

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