Nueva petición de las fuerzas independentistas centradas en las fuerzas de seguridad. En esta mano llega de la mano de EH Bildu, que plantea al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que reduzca el número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en País Vasco y Navarra, para enviarlos a otros destinos como Islas Canarias o Campo de Gibraltar. También propone que se suspendan los complementos asignados a los agentes desplegados en estas dos regiones, herencia de los tiempos de lucha antiterrorista y que suponen beneficios para los uniformados en escenarios de particular presión social o política.
El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, planteó este martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se "reevalúe" los fondos destinados a compensar económicamente a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en País Vasco y Navarra; una cantidad que supera los 40 millones de euros anuales.
Cabe recordar que este complemento se instauró en 1980 como medida para incentivar la presencia de agentes en el País Vasco y Navarra, coincidiendo con los años más duros de lucha antiterrorista. Un bonus que se traduce en un ingreso añadido de 682 euros mensuales para policías y guardias civiles y que, por el momento, el Gobierno no se ha planteado eliminar.
Del mismo modo, el diputado de EH Bildu, en propuestas formuladas en dicha comisión ante Fernando Grande-Marlaska, afirmó que Navarra y País Vasco suponen "el territorio de la Europa continental donde más agentes hay". Algo que, a su juicio, no corresponde con las estadísticas de criminalidad que se registran en ambas comunidades autónomas.
Ante esta situación, Iñarritu propuso en el Congreso de los Diputados una "readecuación" en el reparto de agentes en territorio nacional, teniendo en cuenta el "excesivo número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que hay en Navarra y País Vasco".
En esta línea, manifestó que "hace falta agentes ante la situación que se está viviendo en Canarias y Campo de Gibraltar, en referencia a la crisis migratoria que se vive en las Islas -en 2023 llegaron 39.910 personas por vías irregulares, frente a las 15.682 del año anterior- o a la situación de lucha contra el narcotráfico que se vive en el sur de Cádiz.
La respuesta de Marlaska
Por su parte, el ministro del Interior defendió la gestión de su departamento en ambos escenarios, esgrimiendo como principal argumento el incremento del número de efectivos en Policía Nacional y Guardia Civil a lo largo de la pasada legislatura, así como los acuerdos migratorios alcanzados con los países de tránsito que, a su juicio, han reducido "en un 40%" la llegada de inmigrantes a España por vías irregulares.
"No sobra ningún guardia civil ni policía nacional, ni en Cataluña, ni en País Vasco, ni en Navarra" Fernando Grande-Marlaska
Del mismo modo, Marlaska apuntó que "no sobra ningún guardia civil ni policía nacional, ni en Cataluña, ni en País Vasco, ni en Navarra". La consideración del ministro del Interior, no obstante, llegaba después de las preguntas de la oposición, principalmente Partido Popular (PP), que interpelaba sobre los acuerdos alcanzados con Junts para la cesión de materias migratorias a Cataluña, una competencia que actualmente recae en exclusiva en Policía Nacional y Guardia Civil.
"En cuestiones de protección de fronteras, de lucha contra la inmigración irregular, lucha contra mafias y materia de expulsiones, la competencia es del Estado -apuntó Marlaska durante su intervención en la Comisión de Interior-. En el resto, será la ley la que establezca el marco del acuerdo y todos nos debemos congratular de la gestión de asuntos públicos en un Estado descentralizado".
Zonas de Especial Singularidad
Policías y guardias civiles, a través de sindicatos y asociaciones representativas, plantean al Ministerio del Interior que se traslade el mismo modelo del País Vasco y Navarra a otras regiones como Cataluña y Campo de Gibraltar, donde consideran que los riesgos por el desempeño de sus funciones son más elevados que en el resto del territorio nacional, así como la presión social y política no sólo a los agentes, también a sus familiares.
El Ministerio del Interior, por su parte, no ha puesto en marcha hasta el momento ninguna iniciativa para dotar a los agentes de los beneficios que supondría la declaración de Zonas de Especial Singularidad tanto en Cataluña como en País Vasco; no sólo económicos, también en otras cuestiones laborales.
