Convergència se escuda en el silencio para sobrevivir a la trama del 3%

Corría 2015 cuando el expresidente catalán Artur Mas acudió a la comisión permanente del Parlament para dar explicaciones sobre las adjudicaciones de obra pública que se realizaron desde la Generalitat. Lo hizo tras las presiones que se derivaron de las detenciones de uno de sus cargos en el Govern y del entonces tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). A ambos se les vinculó con la trama de comisiones ilegales bautizada como el caso 3%. Tras aquella comparecencia, la Justicia ha citado a declarar a varios cargos para esclarecer las presuntas mordidas que financiaron a CDC. Pero el silencio ha sido siempre la respuesta. Este miércoles, el extesorero Daniel Osacar ha mantenido la estrategia del partido y se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal.

Desde el CDC y el Govern de Mas han insistido reiteradamente en que las adjudicaciones a cargo de Infrastructures.Cat fueron modélicas. "No puede haber habido donaciones a cambio de adjudicaciones", llegó a decir el propio expresident en la Cámara regional.

El líder catalán ha sido el único del partido en hacer referencia a las presuntas mordidas. Y lo hizo para negarlas. El resto de dirigentes de Convergència ha optado por no hacer comentarios sobre las acusaciones, ni siquiera ante el juez de El Vendrell que inició las pesquisas sobre la presunta financiación irregular de la formación. En febrero de 2017, el extesorero de CDC Andreu Viloca rechazó a declarar ante el magistrado e incluso esquivó a la prensa al abandonar el juzgado por la puerta de atrás.

PDeCat reniega de Convergència

Cuatro meses después de esa citación y tres años después de aquella afirmación de Mas, el juez de la Audiencia Nacional a cargo de la causa acordó imputar a Convergència y al PDeCAT, como personas jurídicas, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En 2018, tras las imputaciones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el PDeCAT quiso desvincularse de Convergència ante el magistrado José de la Mata. Alegó que eran partidos completamente distintos y que sus estatutos así lo demostraban. La formación insistió en que el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no. En esta declaración, el partido se negó a responder al interrogatorio del ministerio público y del juez; solo respondió a las preguntas de su abogado.

El magistrado no estuvo de acuerdo con el argumentario. "La creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación, o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir", señaló De la Mata en un auto. 

Casi un año después de aquel encuentro en la Audiencia Nacional, el juez ha reactivado los interrogatorios. Este miércoles, el hombre de confianza de Artur Mas que estuvo al frente de la antigua empresa pública de Infraestructuras de la Generalitat negó su participación en la mesa de contrataciones. De hecho, Joan Lluís Quer responsabilizó a Josep Antoni Rosell, quien fuera director general de la entidad y dirigente del Convergència. Sin embargo, el extesorero del partido Daniel Osacar decidió acogerse a su derecho de no declarar.