Podemos pide en el Congreso que el ecocidio sea un delito internacional como el genocidio

Thomas Lubanga, líder de la Unión de Patriotas Congoleños, es responsable del asesinato de 800 personas, del reclutamiento de niños para la guerra, de asesinato, tortura, violación, mutilación y masacres étnicas. El encargado de juzgarle fue la Corte Penal Internacional (CPI), que lo condenó por crímenes de guerra. El partido Unidas Podemos quiere que el mismo tribunal encargado de tales menesteres juzgue también los casos de ecocidio. Según la RAE: "destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada".

Podemos defiende este miércoles ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que se inste al Gobierno a presionar para que se modifique el Estatuto de Roma "como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como a valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes con este objetivo en nuestro Derecho interno".

El partido morado quiere que "los crímenes contra el medio ambiente tengan la misma categoría que los crímenes de guerra o los crímenes contra los seres humanos y puedan ser procesados en la Corte Penal Internacional de La Haya". El Estatuto de Roma sienta el marco jurídico de la CPI: "La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales".

El partido morado quiere que "los crímenes contra el medio ambiente tengan la misma categoría que los crímenes de guerra o los crímenes contra los seres humanos"

A día de hoy, son cuatro los tipos de crímenes que se encarga de juzgar el CPI:

• Genocidios.
• Crímenes de lesa humanidad.
• Crímenes de guerra.
• Crímenes de agresión.

"Lo que se pretende hacer con la figura del ecocidio es que sea el quinto delito como crimen grave y que tenga jurisdicción la Corte Penal Internacional", inciden en la exposición de motivos de la Proposición No de Ley (PNL) que defienden hoy en la Comisión de Transición Ecológica.

Casos de ecocidio

Si buscamos en Google la palabra ecocidio, el primer enlace que aparece es de Iberdrola, un ejemplo más de cómo las multinacionales han abrazado el mensaje ecológico. Según la compañía, un caso de ecocidio sería el accidente de Chernóbil. La explosión de uno de los reactores de esta central nuclear en 1986 provocó la expulsión de gran cantidad de material radioactivo a la atmósfera (500 veces más que en Hiroshima según algunos cálculos). Al margen del ecocidio, murieron 31 personas y miles fueron expuestos a la radiación.

Otro caso sería el vertido del Deepwater Horizon, que tuvo lugar el 20 de abril de 2010. Esta plataforma petrolera explotó de manera fortuita liberando 800.000 toneladas de petróleo crudo en el Golfo de México durante un total de 87 días, convirtiéndolo en el mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Las manchas de petróleo cubrieron una área estimada de 149.000 kilómetros cuadrados.

También se considera ecocidio a la llamada Isla del Plástico o Isla de la Basura, la que para algunos supone el "séptimo continente". Se trata de una acumulación de restos de plástico que conforman una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Está compuesta por 1,8 billones de trozos de plástico flotante que matan, cada año, a miles de animales marinos entre California y Hawái.

El objetivo de Podemos es que, de hallarse responsables de casos como estos, sean juzgados por la CPI al mismo nivel que los genocidas o criminales de guerra como los que ahora están violando día sí y día también la Convención de Ginebra en Ucrania bajo la bandera de Putin.

Criminales juzgados por la CPI

Hasta la fecha, la CPI se ha dedicado a juzgar y a condenar a criminales tan sádicos como Jean-Pierre Bemba Gombo, culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana que incluyen asesinato, violación y pillaje. También ordenó el arresto de Muamar al Gadafi, tirano libio responsable de múltiples atrocidades. La orden se archivó tras su muerte durante la revuelta que lo derrocó en 2011.

Otra de sus condenas más sonadas se produjo en 2016, cuando se dictó sentencia sobre el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias "Abu Turab". Fue condenado a 9 años de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad; en tanto que "objetivos religiosos, no militares", se consideró crimen de guerra.

El año pasado, Serbia entregó al expresidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados en la guerra de Kosovo. Más recientemente, la Fiscalía del Tribunal de La Haya investiga si el presidente ruso, Vladímir Putin, ha cometido crímenes de guerra en su invasión de Ucrania. Es prácticamente imposible, sin embargo, que veamos algún día a Putin sentarse ante los jueces de La Haya, ya que Rusia no ha firmado el Estatuto de Roma y no reconoce a la CPI.