Pedro Sánchez encarga al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que defienda la amnistía en el debate de toma en consideración de la proposición de ley. La Cámara votará este martes si tramita o no la norma. Y el presidente del Gobierno se ausentará, porque pone rumbo a Estrasburgo para asistir a una cena y ya el miércoles, a las 10.30, al pleno del Parlamento Europeo. Sánchez resumirá allí ante los eurodiputados los resultados de los seis meses de Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, marcados por su investidura y sus negociaciones. De ahí partirá a Bruselas, donde se sentará el último Consejo Europeo del año.
Sánchez pidió el voto telemático. El grupo socialista, que controla la Mesa y la Presidencia del Congreso, fijó la fecha del pleno cuando el presidente ya sabía que estaría en las instituciones europeas. Es más, el miércoles la Cámara celebra la primera sesión de control de la Legislatura y lo hará sin Sánchez. El plan de Moncloa es que la amnistía se vaya diluyendo poco a poco, como un azucarillo, en la conversación pública. Mientras intenta hacer "pedagogía" en todas las entrevistas que está concediendo.
El presidente, no obstante, sabe que se le preguntará por ello allá donde vaya. Pero también es consciente de que con él fuera del Congreso cuando se debata la tramitación -que, de facto, supone el primer debate parlamentario sobre la medida- esta perderá foco mediático. La proposición de ley de amnistía figura por primera vez en el orden del día de un pleno del Congreso desde que el PSOE registró la norma, que fue una de las exigencias planteadas por Junts y ERC para apoyar la investidura de Sánchez.
Las modificaciones en la ley
La proposición de la Ley de Amnistía pasará, previsiblemente, el primer filtro en el pleno del Congreso al contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara para su toma en consideración (178 votos a favor). Pero, por el camino, se atisban curvas. El Ejecutivo, como ya contó este diario, pasa ahora a considerar retoques "técnicos" en la ley. Y eso que afirmó en varias ocasiones que el proyecto enviado al Congreso no se tocaría. Moncloa no precisa de qué modificaciones se trata.
Cabe recordar que tanto ERC como el partido de Carles Puigdemont han dejado entrever que plantearán enmiendas al texto original registrado por el PSOE como único firmante. Según el Gobierno, estas “mejoras” deberán ser consensuadas para garantizar la mayoría absoluta en la votación definitiva que no se prevé hasta dentro de algunos meses por el tortuoso camino que le espera en el Senado. Y los cambios serán en el articulado de la norma, que pretende borrar los delitos de centenares de independentistas -políticos y sociedad civil- procesados o condenados por atentados al Código Penal que van desde el terrorismo a la malversación de fondos públicos. Lo que está claro es que no se tocará una coma de la exposición de motivos, porque esa es la justificación legal para el Tribunal Constitucional que, se verá obligado a posicionarse cuando la oposición presente recursos de inconstitucionalidad.
Ese preámbulo consta de 52 párrafos que buscan justificar la conveniencia y la legalidad de la amnistía que tanto Sánchez como todos sus ministros, sin excepción, consideraban inconstitucional y fuera del ordenamiento jurídico cuando la plantearon en su día los independentistas de ERC y Junts. Antes incluso de que el PSOE de Pedro Sánchez necesitara los votos de los siete diputados de Puigdemont para formar revalidar el Gobierno de coalición.
Las preguntas de Bruselas
Mientras, la Comisión Europea prepara un documento con 16 preguntas dirigidas a Moncloa sobre la ley de amnistía. El comisario comunitario de Justicia, Didier Reynders, está trabajando en esta batería de cuestiones, que enviará al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en los próximos días y que confirma las dudas que suscita la legislación planteada por el PSOE en Bruselas pese a los mensajes de tranquilidad lanzados por el propio Bolaños, el autor intelectual de la medida de gracia.
Y es que la Comisión Europea presiona y marca al ministro. El choque de principios de mes con Bruselas preocupa en algunos sectores del PSOE. El análisis que hacen algunos dirigentes en el partido consultados por Vozpópuli es que su secretario general ha sido incapaz de desviar la amnistía de la conversación pública casi un mes después de que constituyera su nuevo Ejecutivo de coalición.
La medida de gracia le sigue lastrando. Es más, le ha impedido arrancar la XV Legislatura con un anuncio potente rumbo a las Cortes y al BOE, más allá de la ley de paridad aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros. "Y las pataletas de Junts en busca de atención no ayudan nada", explica una socialista que tuvo responsabilidades de Gobierno, en clara referencia a la reunión del 2 de diciembre en Ginebra entre el PSOE y Junts.
La advertencia de Reynders
Desde que el PSOE comenzó a negociar el redactado de la ley de amnistía, la Comisión Europea se empeñó en que la Moncloa supiera las líneas rojas, como amnistiar delitos relacionados con corrupción que afecten al presupuesto comunitario o mencionar el lawfare, uno de los aspectos que más vigila Bruselas tras las quejas generalizadas de las principales asociaciones judiciales.
Bolaños remitió la ley a Bruselas el pasado 14 de noviembre junto a dos cartas en las que pidió personalmente las reuniones con Reynders y con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario “para poder exponer la posición del Gobierno de España". Y lo hizo tras la carta de advertencia del propio Reynders y después de que el comisario español más relevante de la Unión, Josep Borrell, que además es socialista, expresase en público "bastante preocupación por estos acuerdos" con Junts.
El paso que está a punto de dar la Comisión al interrogar al Gobierno por una normativa nacional evidencia la preocupación que existe en Europa por la amnistía a la carta que Pedro Sánchez ha entregado al independentismo catalán a cambio de su investidura. De hecho, la situación en Bruselas dista mucho de la que pinta Bolaños en público. “Si hubiera cero preocupación, como dice, no tendría que viajar a Bruselas a defender la ley en nombre del Ejecutivo”, dicen fuentes comunitarias. “Y si hubiera cero preocupación, tampoco tendría que responder a las preguntas que le va a hacer la Comisión”.
