Publicado: 14/08/2020 04:45
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, quien ha decidido investigar a Podemos como persona jurídica por un delito de malversación de caudales públicos, es la antítesis a un juez estrella. Durante los 24 años que lleva en el mundo de la judicatura su nombre apenas ha aparecido en los medios de comunicación, de los que rehúye en todo momento.
Su primer destino como juez fue Manzanares (Ciudad Real), para pasar en 1999, ya con la condición de magistrado, a Avilés (1999-2002). Después obtuvo su plaza en Alcalá de Henares (2002-2005); Collado Villalba (2005-2008); el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid (2008-2015); y en 2015 el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, en el que tras cinco años ha saltado a la fama tras imputar a la formación liderada por Pablo Iglesias.
Y en este lapsus de más de dos décadas Escalonilla ha pasado, o por lo menos lo ha intentado, desapercibido para la opinión pública. Y eso que durante el ejercicio de la magistratura ha tenido que lidiar con asuntos que han gozado de una amplia repercusión informativa.
Elsa Pataky
Como por ejemplo cuando condenó el 9 de enero de 2009 al Grupo Zeta a pagar 310.000 euros a la actriz Elsa Pataky [Elsa Lafuente Medianu] tras publicar Interviú unas imágenes suyas en top-less, que fueron robadas de una sesión de fotos de la revista Elle en la Riviera Maya mexicana.
El 11 de enero de 2010 condenó a la Fundación Camilo José Cela y a la empresa Letra y Tinta SL, de la viuda del escritor, Marina Castaño, a pagar 5 millones de euros al hijo del Premio Nobel, Camilo José Cela Conde
El 11 de enero de 2010 condenó a la Fundación Camilo José Cela y a la empresa Letra y Tinta SL, de la viuda del escritor, Marina Castaño, a pagar 5 millones de euros al hijo del Premio Nobel, Camilo José Cela Conde. En ambos casos el Tribunal Supremo ratificó las condenas dictadas por Escalonilla.
Escalonilla también investigó el mundo del crimen organizado, procesando a los integrantes de una banda de Latin Kings, al mismo tiempo que ha instruido numerosas causas con trasfondo económico. Así, condenó a la firma Obrum Gestión y Construcciones a pagar 12 millones de euros a la sociedad Vancouver Gestión, propiedad del arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza.
Participaciones preferentes
También se encargó de la estafa de las preferentes, y por eso condenó a Bankia a pagar 155.000 euros a un cliente de la entidad nacida de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorro.
Las estadísticas facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que Escalonilla es un juez de gran dedicación, ya que ha superado con creces la productividad exigida, "obteniendo el 155% en 2017 y 2018 y el 143% en los tres primeros trimestres de 2019, por su actuación en su juzgado y en otros diferentes por sustitución". Las fuentes consultadas por este diario consideran que este es el motivo que explicaría que la causa sobre Podemos no haya sufrido ningún retraso, y que las declaraciones de los integrantes de la cúpula de Podemos se hayan podido señalar para el 20 de noviembre.
Archivó en dos ocasiones, con el aval de la Fiscalía, el caso del chat en el que policías insultaron a Manuela Carmena
Otro de los casos que recayó en el Juzgado de Instrucción número 42 fue el del chat de policías en el que sus participantes escribieron insultos contra la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Archivó las pesquisas hasta en dos ocasiones, con el aval de la Fiscalía de Madrid.
Refuerzo del Juzgado
Con esta dedicación, el Consejo General del Poder Judicial acordó en diciembre de 2019 reforzar el Juzgado de Escalonilla con tres funcionarios, que pasaron a completar una plantilla en la que faltan dos empleadas que padecen enfermedades de larga duración. El tiempo de respuesta medio de casa asunto que se trabaja en el juzgado es de 1,82 meses, similar a la media de los órganos de igual clase de Madrid.
Además, este togado ha recibido desde 2014 la compatibilidad para ejercer de tutor, primero en la Universidad Complutense de Madrid, y luego en la San Pablo-CEU, en la asignatura denominada "Practicum" o prácticas externas de ambas Facultades de Derecho.
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