El Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Peticiones, ha aceptado enviar una misión a Cataluña en el segundo semestre de 2023 para estudiar la situación del español en el sistema educativo de la comunidad autónoma. Lo ha anunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEBC) en redes sociales.
Cuatro días después de que el comisario de Justicia, Didier Reynders, trasladase al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la "importancia" de dar cumplimiento del 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha decidido dar un paso al frente y enviará una misión europea para que estudie la situación del español en las escuelas catalanas. La misión se llevará a cabo en el segundo semestre de 2023 y responde a una de las múltiples solicitudes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEBC). En concreto a la queja 0825/2017.
Según ha informado el grupo de Ciudadanos en la Eurocámara, impulsores de la petición, los detalles sobre la inspección por parte de la institución europea como el mandato, la agenda, la composición y las fechas del viaje están por concretar, pero probablemente se producirá en diciembre de 2023, lo que coincidirá con la presidencia española de la Unión Europea. En todo caso, el viaje no podrá darse durante el primer semestre del año a causa de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas en gran parte del país, lo que impide llevar a cabo este tipo de misiones parlamentarias.
Lo que sí se celebrará en el primer semestre de 2023 será una sesión informativa, con distintas comparecencias para abordar la situación de la lengua española en Cataluña, indicó Ciudadanos. La misión parlamentaria debe permitir a los eurodiputados conocer de primera mano cómo los centros educativos aplican la ley que obliga a que al menos el 25% de la educación se imparta en español.
La causa por respetar la enseñanza del 25% de la educación impartida en castellano se ha convertido en bandera de las organizaciones constitucionalistas y defensoras del bilingüismo en la educación en Cataluña, y esta misión se ha convertido en una de sus reclamas con tal de que el Parlamento Europeo analice, según la formación naranja, "la violación de los derechos civiles de los alumnos que han solicitado judicialmente cursar sus estudios también en español y no solo en catalán, y que ven anulados sus derechos".
Varias de estas organizaciones explicaron su situación el pasado 12 de octubre en la Eurocámara en una jornada organizada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua coincidiendo con el Día de la Hispanidad.
Europa reclama a Aragonès que respete el 25%
El propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pidió en un encuentro entre ambos en Bruselas al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la cual obliga a que un 25% de las clases se impartan en castellano.
EFE ha recogido de fuentes comunitarias que "Reynders subrayó la importancia de aplicar las sentencias de los tribunales", mientras que Aragonès "le explicó las cuestiones relacionadas sobre el uso de las lenguas en las escuelas en Cataluña". Desde el entorno del presidente de la Generalitat han confirmado a EFE que, por otro lado, el comisario no le pidió expresamente al presidente el cumplimiento de la sentencia del 25% del castellano, sino que le trasladó una petición genérica para cumplir la ley, algo que según las citadas fuentes, la Generalitat está haciendo, por el acuerdo entre ERC, JxCAT, PSC y Comunes para cambiar la ley.
Ahora es el Constitucional el que tiene que pronunciarse sobre el asunto, ya que admitió a trámite el recurso de PP y Cs a varios artículos del decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, norma con la que el Gobierno catalán trata de proteger a los directores de centros y queevita hablar de porcentajes.
Dicho decreto fue aprobado por el Govern cuando faltaba un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas.
