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España

Los operadores televisivos afirman que no se puede obligar a producir en catalán

El 6% del total del contenido ofertado por todas las plataformas audiovisuales será en lenguas cooficiales, según incluirá la nueva Ley Audiovisual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián.

El sector audiovisual afirma que no se puede obligar a los productores a realizar un porcentaje de su contenido en catalán, gallego, o euskera tal como pretende los partidos nacionalistas que han apoyado al Gobierno.

El 6% del total del contenido ofertado por todas las plataformas audiovisuales será en lenguas cooficiales, según incluirá la nueva Ley Audiovisual que prepara el Ejecutivo y que han pactado con ERC, lo que permitirá que los Presupuestos de 2022 salgan adelante y que la Legislatura quede encarrilada.

Sin embargo, los servicios jurídicos del sector audiovisual afirman que la legislación nacional solo sería aplicable para los operadores con sede en cada país, por lo que las principales plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney+ quedarían liberados del acuerdo adquirido entre ERC y el Gobierno, según informa este viernes 'El Mundo'.

6% del total en lenguas cooficiales

De acuerdo con el pacto alcanzado entre ERC y Gobierno, la nueva ley establece que de cada 100 películas ofertadas en plataformas, 30 tendrán que ser producciones europeas y, de ellas, 6 en alguna de las tres lenguas cooficiales, es decir, un 6 % del total y un 20% de las europeas.

Además se consensuó un impuesto del 5% para la producción audiovisual del que un 10 por ciento de éste irá para financiar la producción de las lenguas cooficiales. Rufián quiso anunciar este acuerdo junto con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, mediante el que en los presupuestos de 2022 se equiparará la jubilación anticipada de los Mossos d'Esquadra con los de la Ertzaintza, es decir a los 60 años.

El líder de ERC destacó que en torno a la Ley Audiovisual todavía hay recorrido de ampliar el acuerdo, ya que la directiva europea señala que la transposición debe ser antes del 31 de diciembre y ha insistido en que el acuerdo alcanzado es de "mínimos".

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