La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la nueva ley universitaria, cuyo borrador presentará este lunes el ministro Joan Subirats, reconocerá por primera vez el derecho al paro académico de los estudiantes, buscará reducir la precariedad laboral y garantizar la financiación del sistema hasta al menos el 1 % del PIB de aquí al 2030.
El proyecto de la ley universitaria lo hereda el actual ministro de Universidades de manos de su antecesor, Manuel Castells, quien renunció al cargo en diciembre de 2021 por motivos médicos.
La iniciativa estrella de Castells provocó un quebradero de cabeza a su negociación ante la dificultad de casar los intereses de estudiantes, rectores y sindicatos.
Su sucesor pidió desde un primer momento un poco de tiempo para dejar su impronta en el texto y, además, emprendió una "gira" por todas las comunidades para hablar con los rectores de sus universidades y sus consejeros de Educación.
Cambios en la ley universitaria
Uno de los cambios conocidos desde entonces es que la futura ley recogerá por primera vez el derecho al paro académico, de modo que los estudiantes no se expondrán a una penalización si no asisten a clase o no se presentan a un examen por ese motivo.
Entre los principales objetivos de la LOSU, la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, es rebajar los contratos temporales en el sistema universitario del actual 40 % permitido al 20 % y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55 %.
Las categorías profesionales con mayor presencia en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) son las de titular de Universidad, en el régimen funcionarial, y la de asociado, en el régimen laboral a tiempo parcial, el 28 y el 33 %, respectivamente.
Los PDI suman 125.471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19 % menos de 40.
Rejuvenecer las plantillas y la financiación
Hace unos días, Subirats aseguró que la LOSU garantizará que en diez años un doctor pueda estabilizarse en la universidad, lo que ayudará a rejuvenecer las plantillas del profesorado.
En cuanto a la financiación, se plantea el compromiso de destinar el 1 % del PIB a las universidades públicas, que en la actualidad reciben el 0,7 %.
El proyecto de Castells contemplaba asimismo un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos, de modo que podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad durante al menos 4 años.
La futura ley quiere luchar también contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad
