Irene Montero dota de 3,9 millones al servicio para asistir víctimas de discriminación racial

La Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género ha reforzado el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica con un nuevo contrato valorado en más de 3.930.966 euros. El convenio fue publicado a finales de diciembre y responde al acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros hace un mes para modificar los límites de gasto del mismo.

El Gobierno quería posibilitar la contratación anticipada del citado servicio al departamento de Irene Montero porque el contrato actualmente en vigor termina el próximo 25 de marzo.

Según explicó el Ejecutivo, la tramitación de un contrato nuevo era "necesaria" e "imprescindible para el cumplir adecuadamente con las competencias atribuidas a la citada Secretaría de Estado", a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.

Se trata de la secretaría que dirige Ángela Rodríguez desde que Noelia Vera abandonase su cargo y la dirección de Unidas Podemos.

"Infradenuncias" de discriminación racial

"La finalidad es llegar a todas las víctimas de la discriminación racial que en la actualidad no se están cubriendo debido al elevado porcentaje de 'infradenuncia'", argumenta el Gobierno. Igualdad considera que hay menos denuncias de las que deberían darse de acuerdo al volumen real de casos de discriminación. Para ello, el ministerio liderado por Irene Montero empleará 3,9 millones de euros en aumentar las horas de asistencia telefónica y presencial, además de reforzar los equipos profesionales de asistencia a las víctimas. Este servicio cuenta además con atención electrónica.

La atención telefónica pasará a 12 horas diarias durante los 365 días del año, aumentando las exigencias del contrato actual que solamente cubre un total de 35 horas semanales. La de carácter presencial sube a 37,5 horas a la semana frente al convenio en vigor, que exige una atención presencial de 12 horas a la semana. Más del triple. También habrá asistencia de dos licenciados en Derecho "debido a la complejidad jurídica de la legislación en esta materia y la necesidad de dar asesoramiento jurídico a las víctimas de la discriminación racial".

La dotación inicial en el presupuesto para el año 2021 asciende a un millón de euros. Han surgido nuevas necesidades de gasto superiores a los compromisos a adquirir este año para 2022, 2023 y 2024"

"La dotación inicial en el presupuesto para el año 2021 asciende a un millón de euros. A lo largo del ejercicio han surgido nuevas necesidades de gasto superiores a los compromisos a adquirir este año para 2022, 2023 y 2024 que han superado los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria en 818.951,43 euros, 2.456.854,29 euros y 655.161,14 euros, respectivamente, por lo que requiere la aprobación del Consejo de Ministros, según se establece en la citada Ley", indicó el Gobierno tras el acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros.

De acuerdo al contrato público, el servicio de atención presencial a las víctimas de discriminación racial debe contar, al menos, con un total de 21 oficinas físicas, ubicadas en cada una de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Andalucía debe tener, al menos, dos oficinas ubicadas en las provincias de Sevilla y Málaga. Y Canarias también debe disponer de dos espacios físicos en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Por otro lado, el documento contempla la posibilidad de que existan de una a tres oficinas
"itinerantes", de forma que se pueda realizar una evaluación semestral para valorar la necesidad de trasladar alguna de las oficinas a otro lugar en el que se considere que existe una mayor necesidad ante un posible "incremento del porcentaje de actos de discriminación racial, delitos de odio racistas, aumento de los mensajes y discursos de odio racistas en los medios, etc.".

Dos asesores jurídicos

Para la realización del contrato, la entidad adjudicataria debe estar integrada por un coordinador que sirva de enlace con la Secretaría liderada por Ángela Rodríguez. Además debe contar con un coordinador adjunto que sirva de apoyo al primero. El equipo tiene que sumar dos asesores legales; 25 técnicos que se encarguen de la gestión y el mantenimiento de los medios telemáticos y de la base de datos, tanto de atención a los usuarios, como de uso interno para la prestación del servicio.

Con carácter mensual, la empresa que resulte adjudicataria elaborará y entregará a la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial (DGITYDER) un informe de seguimiento en el que se detallen las intervenciones realizadas, a partir de los datos desagregados de la base de datos.

Además, tendrá la obligación de elaborar una memoria anual integrada en la que se recojan los datos globales de atención a las víctimas dentro de cada año natural y una memoria final del contrato. Todos los informes deberán prestar atención a la comunidad donde se produce el incidente racista, el ámbito y contexto y los derechos vulnerados. También deben indicar la vía de acceso al servicio escogida, el tiempo de respuesta, las actividades de intervención realizadas y la derivación, en su caso, al servicio de asistencia jurídica.

El Ministerio de Igualdad pide incluir en las memorias un análisis de los casos atendidos en virtud de la nacionalidad de la víctima. "En lo referente al origen étnico de las víctimas se deberá dar la posibilidad a las mismas de que se autoidentifiquen de manera anónima y voluntaria, recogiendo esos datos en su caso, de manera que se respete el anonimato de las personas, cumpliendo lo estipulado en la legislación de protección de datos", advierte.

Así, al ser preguntados por su nacionalidad, los usuarios del servicio pueden responder que no quieren contestar la pregunta o bien que pertenecen al grupo "negro, afrodescendiente, africano, afroespañol; gitano/romaní; árabe; amazigh; nativo americano; latinoamericano blanco; población asiática del Este o indo-pakistaní". Si pertenecen a "otro" deben especificar cuál es.

La convocatoria de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género es susceptible de cofinanciarse por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus en el marco de los programas 2021-2027.