El actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pagó, cuando era el máximo responsable del Gobierno de Canarias, más de 15 millones de euros a Soluciones Gestión y Apoyo a las Empresas, el proveedor de mascarillas sobre el que órbita el denominado ‘caso Koldo’. Casi medio millón de euros iba destinado al transporte de aviones para traer el material sanitario en el momento del confinamiento, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El Gobierno canario del actual ministro adjudicó un total de tres paquetes de licitaciones a esta sociedad. El primero de ellos fue el 22 de abril de 2020 y tuvo un importe de 9,5 millones de euros. Ese mismo día también se contrató un nuevo lote por 2,5 millones de euros. El último se suministró el 4 de mayo por cinco millones de euros.
Una parte se financió con fondos europeos
Se da la circunstancia de que una parte de ellos fueron financiados por los fondos de la Unión Europea. El 10 de junio de 2021, la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud resolvió el escrito en el que se ratificaba que el gasto "derivado de la presente contratación se encuentra financiado por el Programa Operativo Feder 2014-2020 de Canarias".
Dentro de estos pagos, una de las empresas beneficiarias era Soluciones Gestión y Apoyo a las Empresas. Esta sociedad consiguió entrar en la administración gracias a Víctor de Aldama, conocido de José Luis Ábalos, y quien hizo las gestiones para introducir a la compañía en las adjudicaciones a dedo, hasta el punto de que las mismas se fraguaron antes incluso de que se publicitaran oficialmente.
Para el magistrado, De Aldama actuó como “comisionista” mientras que el exchófer de Ábalos, Koldo García, fue el conseguidor. Este exasesor de Transportes fue el que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre estas adjudicaciones de emergencia que se iban a abrir en el Ministerio “de forma inmediata”.
Los contratos del Gobierno de Canarias con la red
Según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Gobierno canario del actual ministro de Política Territorial publicó dos adjudicaciones para la empresa que ahora se encuentra investigada. Una por el transporte del material, que ascendía a 447.061,74 euros, y otra por un lote de mascarillas FFP1 que sumaba 2,09 millones de euros.
El desglose del importe saca a relucir que Canarias realizó un primer pago en concepto de "Transporte, flete aéreo y seguro de transporte del primer envío de mascarillas KN95" que fue entregado el 23 de abril de 2020 a la empresa de la trama de Koldo. El importe de la resolución fue de 65.772,07 euros, de un total del expediente de 70.376,11 euros.
Tan solo dos días después, el 25 de abril de 2020, se realizó un nuevo "Transporte, flete aéreo y seguro de transporte del segundo envío de mascarillas KN95". Este tuvo un importe de resolución de 67.185,82 euros, de un total de71.888,83 euros.
El tercero, que tenía el mismo concepto, se produjo el 28 de abril, pero en este caso el importe subió a 83.396,16 euros, de un total de 89.233,89 euros. El más caro de todos estos se produjo por un segundo pedido de mascarillas que fue entregado el 12, 14 y 25 de mayo. Tuvo un importe de 201.460,66 euros, del total de 215.562,91 euros.
El caso Koldo en Canarias
Según la Fiscalía, Koldo, el que fuera hombre de confianza de Ábalos, adquirió tres pisos en Benidorm (uno de los cuales puso a nombre de su hija menor de edad) valorados en 1,5 millones de euros. También efectuó importantes ingresos en efectivo y guardó parte del dinero en una caja fuerte de cuya existencia estaba al tanto también su mujer. Se trata de Patricia Uriz, también investigada en la causa y que, al igual que Koldo, consiguió un puesto en Transportes durante la etapa de Ábalos. De Aldama, por su parte, se embolsó 5,5 millones de euros con la operación mientras que Juan Carlos Cueto ingresó hasta 9,6 millones de euros.
Estos contratos del caso Koldo han auspiciado que el Partido Popular y Coalición Canaria hayan anunciado una Comisión de Investigación. Vox también se ha adherido al escrito. "Dicha comisión busca depurar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19", afirman.
