Caso Mascarillas: la Audiencia de Madrid da luz verde para analizar la calidad del material

La Audiencia Provincial de Madrid autoriza una prueba clave en el caso mascarillas. Los magistrados han respaldado el criterio del juez Adolfo Carretero acerca de que un perito externo analice el material empleado en la elaboración del millón de mascarillas que una empresa asiática vendió al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia. No obstante, estiman la petición del comisionista Alberto Luceño acerca de que el perito las analice junto con diez grupos más de mascarillas FPP2 sin que sepa cuáles son las que se investigan en la causa.

La Sección Tercera de la Audiencia responde de esta forma a los recursos interpuestos contra la decisión que acordó el juez en mayo. En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica que comparte el criterio del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en cuanto a que una "pericial ciega" garantiza la imparcialidad de la prueba. El objetivo es que el experto de Aenor que las analice no esté influido negativamente por la deriva mediática del procedimiento.

Así pues, la causa que se abrió en abril contra Luis Medina y Alberto Luceño contará con una pericial sobre el material que el Ayuntamiento compró a la firma Leno en lo peor de la pandemia. El propio magistrado ordenó esta prueba el pasado mes de mayo pese a la reticencia de Alberto Luceño, que dijo que la Policía Municipal de Madrid ya había certificado la calidad de las mascarillas.

La calidad de las mascarillas

El 31 de mayo el instructor acordó una batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción y el PSOE. Entre otras, ordenó a la Policía Municipal que certificase la elaboración del informe que obra en el sumario y que identificase al autor del mismo para citarle a declarar. También requirió al Ayuntamiento que informara acerca de cómo se distribuyeron las mascarillas adquiridas a la empresa del malasio San Chin Choon y de si, dos años después, existe stock en el Ayuntamiento.

El juez ordenó dar traslado de todo este material a Aenor para que analizase el "grado de idoneidad de las mascarillas" en relación con la normativa vigente en el año 2020. Anticorrupción se querelló en abril contra los dos empresarios por delito de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo tras constatar que el material que suministraron (un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantes y 250.000 test rápidos) tenía un precio de mercado muy inferior a los 11 millones que pagó el consistorio madrileño.

De las diligencias practicadas se ha acreditado que los guantes y los test no eran de la calidad comprometida; sin embargo las mascarillas nunca se cuestionaron. Algunos testigos -como ocurrió con la jefa de compras del Ayuntamiento, Elena Collado- defendieron ante los investigadores que eran las mejores que tenía en el consistorio. Por ese motivo, los imputados en la causa se opusieron a la diligencia acordada por el magistrado Carretero.

Unas pocas mascarillas de un pedido de 1 millón nunca podrá constituir un muestreo suficiente para que el resultado sea extrapolable a todasAlberto Luceño

Luceño, en concreto, expuso que se trataba de una prueba "inútil e innecesaria" primero porque la Policía Municipal de Madrid ya apuntó que "reunían los requisitos para ser considerada como de clase FPP2" y, segundo, por la dificultad de elaborar un trabajo riguroso. La defensa del empresario madrileño sostuvo que el consistorio apenas tiene stock de esta partida y que no se podía delimitar la calidad de un millón de mascarillas analizando únicamente algunas de ellas.

"Con tan pigre volumen de material con el que se dice contar para la realización del análisis carece de base científica la pretendida prueba (...). Unas pocas mascarillas de un pedido de un millón nunca podrá constituir un muestreo suficiente para que el resultado del análisis de esas mascarillas sea extrapolable al millón completo. La pretendida diligencia de investigación que impugnamos no puede arrogarse el carácter de pericia", expuso la defensa de Luceño.

Una pericial 'ciega'

No obstante, el empresario a quien Medina introdujo en el Ayuntamiento, matizó que, de seguir adelante el juzgado con la pericial, ésta debería ser "ciega". Al respecto apeló al "juicio paralelo" que tanto él como su socio sufren desde que arrancó el procedimiento y dijo que la única forma de garantizar la imparcialidad de la prueba sería analizando una decena de grupos de mascarillas sin especificar cuáles son las del grupo Leno y cuando las externas. "Este es un proceso penal, las garantías son necesarias", expuso.

El magistrado desestimó en junio su petición de anular la prueba, pero sí que le hizo caso en cuanto a la metodología. Con todo, Luceño llevó el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid para evitar que se practicara la diligencia. También la recurrieron Luis Medina y las acusaciones que ejercen el PSOE y el grupo municipal socialista del consistorio. El órgano responde respaldando el criterio de Carretero y ordenando celebrar una diligencia determinante para el avance las diligencias.

Mientras tanto, la causa sigue su cauce. Esta semana la Audiencia de Madrid también se ha pronunciado sobre otros asuntos pendientes. Por un lado, ha confirmado la decisión del instructor de no imputar a Carlos Martínez-Almeida (primo del alcalde) por delito de tráfico de influencias, y por otro, ha acordado mantener la condición de testigo de Collado. Tanto el juez como la Fiscalía sostienen que el consistorio es perjudicado de este acuerdo comercial con el que Medina y Luceño se embolsaron uno y cinco millones de euros en comisiones, respectivamente.

En paralelo el juzgado sigue adelante con las declaraciones. Este mismo viernes escuchó al gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, a quien citó para que se pronunciara sobre la calidad de las mascarillas después de que el policía que elaboró el atestado reconociera que no comprobó la calidad de las mismas.

En paralelo, la causa se prepara para escuchar a San Chin Choon, el desconocido empresario malayo que está detrás de la firma que suministró el material defectuoso. El juez descarta que participe por videollamada y quiere que comparezca 'in situ' en los juzgados de Plaza Castilla para que explique todo lo relativo a la venta de las partidas sanitarias, así como lo contenido en los documentos y correos aportados a la causa.