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España

Más Madrid lleva al Parlamento Europeo y ONU la falta de luz en Cañada Real

El grupo municipal considera la falta de suministro eléctrico como una "vulneración sistemática de los derechos humanos"

Varias personas participan en una concentración en la Cañada Real.

El grupo municipal de Más Madrid ha solicitado este lunes al Parlamento Europeo que exija a las administraciones que se restablezca la luz en la zona de la Cañada Real tras un año de "vulneración sistemática de los derechos humanos", algo que también han trasladado por carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, censura en un vídeo remitido a la prensa que "un año", desde el 2 de octubre de 2020, "llevan los vecinos y vecinas de Cañada Real, 1.800 niños y niñas, sin luz, sin calefacción, malviviendo en condiciones de sistemática vulneración de los derechos humanos".

"Un año sin que ninguno de los gobiernos responsables haya hecho lo suficiente para acabar con esta situación. Un año sin que (el regidor, José Luis Martínez) Almeida haya movido un dedo por esos vecinos que también son madrileños, para los que también debería trabajar cada día como alcalde", reclama Maestre.

"Vuelve a la carga"

Por ello, Más Madrid "vuelve a la carga", agrega, con "propuestas y soluciones".

"Hemos denunciado hoy ante el Parlamento Europeo esta vulneración de los derechos humanos para que desde allí se exija de forma inmediata el restablecimiento de la luz en los sectores V y VI de Cañada Real. También lo hemos puesto en conocimiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que también desde allí se puedan tomar cartas en el asunto, para que este año termine ya", explica Maestre.

A lo largo de este año de falta de luz, que las autoridades atribuyen a plantaciones ilegales de marihuana, numerosas instituciones y organizaciones se han hecho eco de la situación en Cañada Real y han reclamado soluciones.

Incluso el Vaticano llegó a hacerse eco a través de varias comunidades cristianas que pidieron al papa Francisco mediase como "autoridad moral" ante las administraciones correspondientes. 

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