El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cubierto con el velo del secreto la información sobre el polémico radar para reforzar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote norte y que sigue en un almacén de la Guardia Civil desde hace tres años.
A raíz de la última crisis migratoria que vivió el archipiélago de Canarias, el Partido Popular registró el pasado 27 de noviembre una pregunta muy concreta al Gobierno para saber cuándo está previsto poner en funcionamiento el SIVE de Lanzarote norte ante la llegada "masiva" de pateras.
La respuesta, a la que tuvo acceso Vozpópuli, llegó el 4 de febrero con un escueto párrafo, en el que el departamento de Marlaska anuncia al PP que los datos solicitados "guardan relación con los motivos y procedimientos concretos destinados al fin ulterior de combatir las actividades ilícitas de lucha contra el crimen organizado".
Esto último "forma parte de los ámbitos de seguridad pública a los que el Consejo de Ministros otorgó, con carácter genérico, la clasificación de ‘secreto’ en su reunión de 6 de junio de 2014, al amparo de la ley de secretos oficiales de 1968", señala el Ejecutivo.
Marlaska decreta el 'cerrojazo'
Esta respuesta es la primera de Interior en la que apela a la ley preconstitucional de secretos oficiales para no hablar del polémico SIVE de Lanzarote norte. Desde 2017 hasta 2020 se han respondido en varias ocasiones a las preguntas parlamentarias. Es decir, tanto bajo el Gobierno de Mariano Rajoy como con el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta que Marlaska ha decretado ahora el 'cerrojazo' sobre este asunto.
El Gobierno de Rajoy pagó seis millones de euros en 2015 para que el SIVE cubriese el norte de Lanzarote. Dos años después llegó este dispositivo dotado de un radar infrarrojo que cubre 12 millas náuticas, pero sigue empaquetado en un almacén del cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Teguise a la espera de su instalación.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha quejado a Marlaska en varias ocasiones por esta situación y ha subrayado la necesidad de ampliar la capacidad del sistema electrónico de fronteras, ya que esta zona de la isla está sin cobertura y las pateras no pueden ser detectadas cuando se acercan a aguas españolas.
Se da la circunstancia de que el norte de Lanzarote es el territorio más próximo a Marruecos y las corrientes marinas facilitan el paso de embarcaciones hacia otras islas del archipiélago, de ahí que la activación de este radar se considere prioritaria por parte del principal sindicato de la Benemérita.
Su instalación estaba previsto que fuese en una zona llamada el Risco de Famara, pero el Ministerio del Interior no ha cerrado aún el acuerdo de expropiación con los propietarios del solar. Las demoras burocráticas para ampliar el SIVE en Lanzarote no fueron un problema durante años porque la llegada de pateras a esta isla fue testimonial.
Pero ya en 2018 empezó a incrementarse el número de embarcaciones que llegaban a esta isla y se dio la voz de alarma desde la AUGC. Precisamente, el Senado aprobó el pasado mes de octubre una enmienda del Partido Popular en la que se exigía a Marlaska la instalación de este radar para el SIVE en Lanzarote "en seis meses".
La formación de Pablo Casado alegó que su petición de ese plazo estaba justificada "dado el drama humanitario y la auténtica emergencia nacional que estamos viviendo en Canarias”, al tiempo que recordó que el aparato "fue comprado por un Gobierno del Partido Popular y que en estos momentos se encuentra en un almacén”. Pero Marlaska ha respondido con el velo del secreto.
El senador popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, introdujo esta enmienda en una moción presentada por Coalición Canaria (CC) y subrayó a Marlaska que se trataba de una cuestión "muy urgente" para su comunidad autónoma. "¿Cómo es posible que este radar se encuentre en un almacén?, se preguntó el senador del PP. "Canarias no puede esperar ni un minuto más, están muriendo personas; esto no puede ser un problema político, se debe solucionar ya”, enfatizó.
El partido de Casado pidió también en septiembre el informe oficial sobre el estado del SIVE que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dice conocer pero que "no comparte" con los partidos de la oposición. "El SIVE en Canarias no funciona", exclamó Ramos.
