La mujer brasileña que denunció al hijo del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha tenido varios enfrentamientos judiciales en su país, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La presunta víctima de agresión sexual ha sido citada para declarar en casi una treintena de ocasiones para responder por diferentes acusaciones como impago, tráfico de drogas o delitos contra la seguridad vial.
Esta mujer, originaria de São Paulo, desembarcó en España hace pocos meses. Es más, su última citación en Brasil fue el pasado mes de septiembre cuando tuvo que pagar una factura de poco más de 100 dólares expedido por el Foro Regional de Nova Esperaça del distrito de la región metropolitana de Maringá.
En su Brasil natal contaba con una empresa dedicada a la ropa. Un negocio que no salió bien y por el que fue acusada de impago junto a su socio y también familiar. Este hombre acabó siendo embargado por el banco.
Otro de sus procesos judiciales fue contra un hospital que le reclamó el pago de una factura. El proceso comenzó en 2021 pero se ha dilatado en el tiempo por los actos de conciliación y por dificultades en localizar el domicilio de la mujer.
La Justicia Pública de Brasil también ha citado por otros delitos a la denunciante de Conde-Pumpido. Circunstancias tales como el delito de peligro para la vida o salud de otros, delitos penales menores, contra la seguridad vial y el más grave en junio de 2022 por tráfico de drogas.
29 citaciones judiciales en Brasil
En ese proceso judicial, la brasileña estaba imputada por los magistrados que llevaban las diligencias. Sin embargo, esta investigación cesó para ella tras acudir a declarar y "en vista de las pruebas recabadas previamente". "Deberá expedirse un certificado de honorarios de conformidad con los actos realizados, así como los antecedentes desmembrados", explicó el tribunal que dejó la causa en el pago de una multa.
A pesar de todo este historia, con 29 citaciones judiciales, nunca había denunciado nada similar a una agresión sexual. Tampoco había sido notificado por las autoridades que se dedicara a la prostitución, como se ha asegurado en las primeras declaraciones.
La denuncia presentada contra Cándido Conde-Pumpido sigue adelante y las autoridades continúan las diligencias para saber qué ocurrió. A pesar de ello, la magistrada María Isabel Durántez no ha dado crédito a la versión de la denunciante de la agresión sexual que habría sufrido. La juez ha dejado a Conde-Pumpido en libertad este domingo tras constatar el contenido de las cámaras de seguridad de su domicilio.
Las cámaras de Conde-Pumpido
En el auto, al que tuvo acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha precisado que de lo actuado hasta el momento "no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada". Por ello ha desestimado imponerle medidas cautelares gravosas en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía, que únicamente reclamaba una orden de alejamiento.
En el auto alude a las imágenes aportadas por la defensa de Conde-Pumpido, que han sido obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio y que recoge lo ocurrido la madrugada del 3 de noviembre. Según relata, las imágenes "desvirtúan" la versión de la denunciante, ya que en las mismas se ve en las dependencias de la casa tanto a Conde-Pumpido como a ella en varias estancias de la casa sin que aparezca "en ningún momento" otro de los denunciados.
El abogado declaró en dependencias policiales este domingo tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional el pasado viernes. La actuación de los agentes se produjo después de que esta mujer denunciara ante la Policía Nacional que Conde-Pumpido y las otras dos personas se excedieron en los servicios contratados y la agredieron sexualmente sin su consentimiento.
