La juez de Cándido Conde-Pumpido desacredita a la víctima por las imágenes de seguridad de la vivienda

La magistrada María Isabel Durántez no ha dado crédito a la versión de la denunciante de la agresión sexual que habría sufrido y en la que estaría implicado el abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. La juez le ha dejado en libertad este domingo tras constatar el contenido de las cámaras de seguridad de su domicilio.

En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha precisado que de lo actuado hasta el momento "no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada". Por ello ha desestimado imponerle medidas cautelares gravosas en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía, que únicamente reclamaba una orden de alejamiento.

En el auto alude a las imágenes aportadas por la defensa de Conde-Pumpido, que han sido obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio y que recoge lo ocurrido la madrugada del 3 de noviembre. Según relata, las imágenes "desvirtúan" la versión de la denunciante, ya que en las mismas se ve en las dependencias de la casa tanto a Conde-Pumpido como a ella en varias estancias de la casa sin que aparezca "en ningún momento" otro de los denunciados.

"No se visualiza tampoco ninguna situación similar a la descrita en su denuncia", reza el auto. En consecuencia, la magistrada que instruye las diligencias considera que debe dejarle en libertad sin medidas cautelares a falta de seguir investigando los hechos por los que se ha detenido al hijo del presidente del Tribunal Constitucional y a otras dos personas más.

Denuncia contra Conde-Pumpido

El abogado declaró en dependencias policiales este domingo tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional el pasado viernes. La actuación de los agentes se produjo después de que esta mujer, una meretriz de nacionalidad brasileña, denunciara ante la Policía que el presunto cliente y las otras dos personas se excedieron en los servicios contratados y la agredieron sexualmente sin su consentimiento.

Los hechos se habrían producido en la vivienda familiar que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional tiene en el madrileño barrio de San Blas. Tras la denuncia, la Policía procedió a detener a los implicados los cuáles no pasaron por el juzgado hasta 48 horas después. La magistrada entrante de guardia era María Isabel Durántez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y que está al frente de otros casos mediáticos como el 'caso cuarteles', sobre presuntas irregularidades en los acuartelamientos de la Guardia Civil.

Puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas entrando y saliendo, bebiendo etc, sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de los hechos por ella mantenido

Tras tomarle declaración, la juez acordó su libertad sin cautelares, amparándose en lo recogido en las cámaras de seguridad. Según expuso, en las imágenes se aprecia a la presunta víctima andando por diferentes estancias de la casa (cocina, dormitorio, parte exterior...) en compañía de Conde Pumpido y, en otras ocasiones, ella sola.

"Puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas entrando y saliendo, bebiendo etc, sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de los hechos por ella mantenido", indica en su auto. En relación a ello acuerda su libertad, sin perjuicio del resultado de las diligencias de investigación que puedan llevarse a cabo durante la instrucción. Ahora la causa ha pasado a manos al del Juzgado de Instrucción número 31 que es al que ha recaído la denuncia por reparto.

Otros frentes judiciales

El hijo del presidente del Constitucional ya estuvo investigado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Bandenia. El entonces instructor de la causa, José de la Mata, le citó a declarar en enero de 2019 junto con otras tres personas en el marco de esta investigación abierta por presunto delito de blanqueo de capitales. 

La causa, que se terminó archivando definitivamente en junio de este año en lo que respecta a la actuación de los bancos implicados, se centró en los movimientos del Grupo Bandenia. Los investigadores sospechaban que las sociedades que constituían entre grupo operaban como entidades financieras con el verdadero fin de ocultar movimientos internacionales de divisas al extranjero bajo la apariencia de actividades lícitas. 

El entonces magistrado de la Audiencia Nacional imputó al abogado Conde-Pumpido por un presunto delito de blanqueo. En el auto de su imputación el juez expuso que se habría servido de los servicios prestados por Bandenia Banca Privada para llevar a cabo movimientos de fondos de forma paralela al sistema financiero ordinario. En concreto, fue titular de dos líneas de crédito investigadas por haber recibido dos entradas de 200.000 euros cada una en diciembre de 2014 y mayo de 2015 de transferencias internacionales. 

Al respecto el magistrado expuso que Conde Pumpido mantuvo una relación profesional con el líder de la organización investigada, Ángel Crispín, a quien habría defendido en un procedimiento judicial de Collado Villalba que se instruyó en 2012. 

Con todo, en 2019 el magistrado procesó a una decena de personas imputadas en la causa pero finalmente dejó fuera al abogado, a quien se le derivó parte de las diligencias a otro juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la conocida como Operación Pompeya. En este caso se rastreó si ayudó a su cliente Crispín a blanquear dinero de un grupo empresarial vinculado a la prostitución.