Derecho al paro académico y más inversión: el Gobierno aprueba hoy la nueva ley universitaria

Nuevo impulso cualitativo a la Academia con la ley universitaria. El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de la ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la tercera reforma universitaria en democracia, cuyo principal objetivo es elevar el esfuerzo inversor del sistema y acabar con la alta tasa de contratos temporales, superior a un 40% en muchas universidades.

La propuesta será explicada en rueda de prensa por el ministro de Universidades, Joan Subirats, al término de la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez, que será la segunda vez que estudie el texto. La primera lectura fue en agosto de 2021, siendo Manuel Castells el responsable de esta cartera.

Al contrario que su antecesor, que se enfrentó a las críticas de buena parte del sistema universitario, Subirats ha optado por hacer un texto mucho menos reglamentista y ha preferido definir un campo de juego genérico cuyas reglas deja en gran medida en manos de las propias universidades.

Entre sus principales novedades, a expensas de conocer mañana la versión última de un borrador que ha sufrido numerosos cambios desde su concepción, figura el reconocimiento por primera vez en una ley del paro académico, con lo que los estudiantes no podrán ser castigados en caso de inasistencia a clase o a un examen por ese motivo.

Cambios de contratos en la ley universitaria

Otro cambio significativo se refiere a la reducción de los contratos temporales. En el anteproyecto que presentó Subirats en rueda de prensa el pasado 9 de mayo se establecía la obligación de rebajar la temporalidad del 40 % al 20%, sin embargo hace unos días el Ministerio anunció que dicha rebaja deberá alcanzar el 8% de aquí al 2024. Además, los funcionarios deberán pasar del actual 51 al 55%.

Para responder al desajuste existente entre las necesidades formativas y las demandas del mercado de trabajo, así como atraer a personas de todas las edades -solo un 6% de los matriculados supera los 30 años-, la ley contempla por primera vez que las universidades ofrezcan títulos propios mediante microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración (de 4 a 30 créditos).

Estos admitirán tanto a personas con un título previo como a las que solo tienen experiencia profesional pero pueden acreditar suficiente capacidad de seguir ese curso. En cuanto a los rectores, se mantiene la eliminación de la opción de un comité de sabios para su elección y será elegido como hasta ahora: el sufragio universal ponderado.

El nuevo texto sí elimina que para presentarse a candidato se deban acumular al menos quince años de enseñanza e investigación en la Universidad. En cuanto a la financiación, la LOSU plantea el compromiso de destinar el 1 % del PIB a las universidades de aquí al 2030, aunque siete de cada diez euros son invertidos por las comunidades autónomas y apenas el 6% es aportado por el Estado.

Otra de las claves de la LOSU será la internacionalización del sistema universitario español y fomentar la ciencia abierta, de modo que más allá de las publicaciones haya acceso libre a las investigaciones y capacidad de construir proyectos ciudadanos.