España

La 'ley Celaá' no prevé pruebas que garanticen el conocimiento del castellano en las aulas catalanas

El Ministerio de Educación se fiará de la buena voluntad de la Generalitat para evaluar el nivel en lengua castellana, pero sin fijar ninguna prueba homogénea en toda España

La ministra de Educación, Isabel Celaá.
La ministra de Educación, Isabel Celaá. EFE

Este jueves el proyecto de Ley de Educación pasará su primer trámite en la ponencia de la Comisión de Educación del Congreso. Si se aprueba la enmienda transaccional de ERC y Unidas Podemos para eliminar el castellano como lengua vehicular en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales quedará en manos de los gobiernos de turno garantizar “el dominio del castellano” una vez los alumnos finalicen la educación primaria.

Según ha confirmado Vozpópuli el Ministerio de Educación no prevé dotar su reforma educativa de ningún instrumento o prueba homogénea en toda España para evaluar el nivel de castellano de los alumnos de las comunidades que, como Cataluña, no garantizan el 25% de clases en castellano que dictaminó el Tribunal Constitucional.

Se basarán, como hasta la fecha, en la buena voluntad del Ejecutivo regional. La portavoz de Educación de ERC en la Cámara Baja, Montse Bassa, lo confirmaba así este miércoles en rueda de prensa: “Cuando acabe la etapa primaria los alumnos deberán saber de igual manera ambas lenguas, las dos lenguas van a tener el mismo dominio, pero lo que no nos pueden imponer es la enseñanza en lengua castellana o el número de horas de cada lengua”.

El problema es que no hay ninguna prueba o test que sea homogéneo en todas las comunidades autónomas para certificar este dominio de la lengua materna de la mitad de catalanes que ERC se compromete a garantizar. Desde las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) o el informe PISA, pasando por la Evaluación General del Diagnóstico, que se realizó en 2009 y 2010, no han sido nunca uniformes para todo el territorio.

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, explica a instancias de este medio que “la Generalitat establece sus propios criterios” en todos los exámenes y, en consecuencia, no hay forma de comparar el nivel de los estudiantes catalanes con el del resto de alumnos españoles de otras regiones.

Datos del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación publica anualmente la media nacional de las calificaciones que le envían las Comunidades Autónomas en las PAU. Año tras año, Cataluña aparece por encima de la media española en competencias lingüísticas en castellano. En la última edición disponible, de 2019, Cataluña se sitúa en un 6,61 sobre 10, según ha comprobado este medio.

Esta posición por encima de la media también se observa en los datos que gestionan desde la Generalitat y en los del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (informe PISA). Sin embargo, los datos cotejados no son totalmente fiables al no existir una misma prueba idéntica para toda España.

La lingüista Mercè Vilarrubias, impulsora de una ley de Lenguas, explica que el Informe PISA usa un único criterio en las pruebas de matemáticas y ciencias, pero que la prueba de comprensión lectora se realiza solo en catalán en el caso de Cataluña. “Durante mucho tiempo se dijo que las pruebas PISA ratificaban el nivel de castellano en Cataluña. Pero era mentira, se hacen en catalán y así lo han reconocido desde el propio Departamento de Educación”, abunda.

Tentativas de una prueba común

La Evaluación General del Diagnóstico intentó en 2009 y 2010 crear una prueba con parámetros únicos para toda España para evaluar el nivel de castellano y el de otras materias. Se trató de un test que se coordinó entre los 17 departamentos de educación autonómicos y que se realizó en el último curso de la educación primaria y de la secundaria (cuarto de primaria y segundo de la ESO). No obstante, no se logró el consenso para fijar los mismos parámetros en todas las autonomías. Ni siquiera para consensuar el mismo idioma. Según Losada, esta situación se debió a que algunos ejecutivos, como el catalán, se “opusieron” por “razones políticas” a que existiera una prueba común.

Según confirmó Convivència Cívica, entidad que propugna el bilingüismo en Cataluña, la propia Generalitat reconoció que la prueba se había hecho en catalán: “La prueba de competencia en comunicación lingüística se pasó en lengua castellana en España y en lengua catalana en Cataluña”.

Prueba EGD en Cataluña
Prueba EGD en Cataluña Convivència Cívica

También en 2010 se promovió lo que se apodó Evaluación Coordinada del Ministerio de Educación para analizar el nivel de castellano de los alumnos catalanes en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, pero fue solo un “muestreo” confinado a 50 centros educativos. Según las entidades consultadas, insuficiente para ser representativo del sistema educativo catalán.

Polémica entre ERC y JxCat

Si ERC ha querido vender su enmienda en la propuesta de ley como un éxito que “blinda el modelo de inmersión lingüística”, desde el PDECat critican que dicha enmienda abre la puerta a que “el Ministerio pueda dictar unos porcentajes de clases en castellano en las aulas catalanas”.

El motivo de debate es sobre la definición de “administración educativa”. La diputada de ERC Montse Bassa defiende que dicho concepto se refiere únicamente a la Consejería de Educación y que, en consecuencia, las normativas autonómicas de educación “se van a respetar”, algo que a su juicio no sucedía con la anterior Ley Wert del PP.

Por contra, el PDECat asegura que la definición es lo suficiente “ambigua” como para que se extienda también el Ministerio de Educación. “Hemos hablado con el PSOE para que cambien administración educativa por Comunidades, pero no han querido”, explican a Vozpópuli fuentes del partido para dar a entender que los socialistas quieren, a través del Ministerio, poder supervisar o modificar el modelo lingüístico catalán. 

Este dilema ha provocado el enfrentamiento entre los dos partidos y socios en la Generalitat, hasta el punto que ERC ha acusado al PDECat de mentir. “Encuentro un hecho muy grave que el espacio posconvergente haya salido con estas falsedades antes de que se hayan hecho las votaciones. Es hacer partidismo y es un tema muy sensible”, ha dicho Bassa. 

Todavía queda por ver si las modificaciones que pretende aplicar ERC y Unidas Podemos superan la votación en la ponencia del Congreso. Pero la polémica ya no es solo con la oposición -PP, Cs y Vox- sino también con el PDECat.

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