Carles Puigdemont podrá regresar a España sin posibilidad de ser detenido en cuanto se apruebe la ley de amnistía. El texto que se prevé registrar en el Congreso de los Diputados anula las órdenes nacionales vigentes contra el expresidente catalán y borra cualquier rastro del procés, así como los antecedentes penales que pudieran tener los amnistiados.
El documento, que ya obra en poder de los grupos parlamentarios para su estudio deja sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión "de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía", así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales. Cabe recordar que el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, le retiró las órdenes internacionales de detención a la espera de la resolución del TJUE sobre su inmunidad, pero le mantenía la nacional.
Así pues, cuando la ley se apruebe en el BOE Carles Puigdemont tiene vía libre para volver a España, país del que huyó a principios de noviembre de 2017 en el maletero de un coche, sin posibilidad alguna de ser detenido. La norma, que no incluye alusión alguna al 'lawfare' registrado en el acuerdo del pacto, dejará en papel mojado una década de causas del procés, desde el 9-N de Artur Mas hasta el 1-O de 2017.
Documento íntegro de la ley de amnistía by Vozpopuli on Scribd
Así pues se libran también los doce CDR acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional, los investigados por Tsunami Democràtic (entre los que se encuentra el propio Puigdemont) o la causa pendiente de juicio contra los dos hombres fuertes de Oriol Junqueras por la organización del 1-O. Con todo, el principal beneficiario es el líder de Junts que no solo podrá volver a España sin posibilidad alguna de ser detenido, sino que además evita el juicio que tenía pendiente tras su procesamiento en el Supremo.
Sin derecho a indemnización
En concreto, se delimita el período temporal en los hechos que van desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Se incluyen todas las acciones destinadas promover la independencia en Cataluña, la malversación con el uso de fondos públicos, las actuaciones desarrolladas a título personal o institucional con el fin de divulgar el proyecto independentista, los terceros que ayudaron en el procés y también todas las acciones de desobediencia y desórdenes públicos relacionadas con la deriva soberanista.
De esta forma, el Gobierno abre la puerta a amnistiar al que jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay (implicado en la causa de Tsunami Democràtic) o al exconseller de Interior Miquel Buch. La Audiencia Nacional le condenó a cuatro años y medio de cárcel por designar al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà para que escoltara a Puigdemont en su huida de España tras la fallida declaración de independencia en Cataluña en 2017
La Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una manifestación concreta del derecho de gracia Proposición de ley del PSOE
La medida de gracia se aplicará tanto a los procedimientos abiertos en el orden penal como en el contencioso-administrativo y contable. Al respecto cabe destacar que el Tribunal de Cuentas mantiene para este viernes la celebración del juicio por la malversación de más de 5 millones de euros públicos con la acción del procés en el exterior. Con todo, se cierra la puerta a que cualquiera de los amnistiados puedan reclamar una indemnización al Estado.
Aplicación urgente en dos meses
La ley está perfectamente redactada para incluir en la amnistía no solo los hechos relacionados con el procés como tal, sino a los que "guardan una profunda conexión con los mismos". Además, especifica que la amnistía se aplicará en las causas sea cual sea el proceso en el que se encuentren y aclara que, en caso de que en el procedimiento no lo soliciten las partes, el juez instructor o el tribunal en su caso lo tendrán que aplicar de oficio.
El texto, que habla de "paso reconciliador", también marca un plazo a los tribunales para adoptarla. La norma, que el Supremo podrá llevar ante el Tribunal Constitucional mediante una cuestión de inconstitucionalidad, tendrá que aplicarse "con carácter preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses, según el texto.
Además, la ley contempla que la amnistía se pueda aplicar a futuro puesto que determina que "los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley" aunque su ejecución finalice con posterioridad a esa fecha.
