Termina el periplo judicial del rey emérito. El Tribunal de Apelaciones británico, en su división civil, concedió este martes a Juan Carlos I la inmunidad por sus actos hasta el momento de su abdicación en 2014, en el proceso que se sigue contra él en el Reino Unido por el presunto acoso al que sometió a su examante Corinna Larsen.
La corte reconoció el recurso presentado por el emérito para justificar que sus acciones entre abril de 2012 y el 18 de junio de 2014 no pertenecieron a su ámbito privado, por lo que procede concederle la inmunidad en ese período y el juicio contra él podría llevarse adelante por sus actos después de su abdicación.
"La apelación estableció su petición de inmunidad funcional (...) y el juez se equivocó al concluir lo contrario. La excepción en la sección 5 SIA no se aplica. Por consiguiente, la conducta preabdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país", señala en su decisión la autora del dictamen, Ingrid Simler. Los otros dos jueces de ese tribunal de apelaciones de la Queen's Bench Division, Eleanor King y Andrew Popplewell, concurrieron con la decisión.
Corinna Larsen interpuso demanda contra el rey emérito en 2020 por los hechos que tuvieron lugar entre 2012 y 2014, principalmente. La empresaria asegura que fue víctima de una campaña de hostigamiento que arrancó a la vuelta del viaje que realizó con Juan Carlos I a Botsuana y que llegó a salpicar al entonces director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.
Pese a que el juicio se llevará a cabo presumiblemente a mediados del año que viene, el dictamen dejará fuera del proceso algunas de las acciones más perjudiciales para la causa del rey emérito, sobre todo referidas a las supuestas maniobras de acoso y espionaje dirigidas por el entonces jefe del CNI. Como recoge el documento publicado este martes, Sanz Roldán "de abril a junio de 2012, actuando bajo la dirección o el consentimiento del acusado, coordinó una operación secreta para entrar y registrar la oficina y el apartamento de la demandante en Mónaco", para lo que contó con la cobertura de una compañía de seguridad monegasca y agentes del CNI.
La defensa del rey emérito trató de frenar en 2020 el avance de la demanda argumentando que Juan Carlos I era inmune en el momento de los hechos por su condición de jefe del Estado. Sus abogados se ampararon en la Ley de 1978 sobre la inmunidad de los Estados (State Inmunity Act, por sus siglas en inglés) que extiende la inmunidad diplomática al jefe del Estado y a la familia más estrecha.
El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido respondió el pasado mes de marzo que esa tesis no debía prosperar. Al respecto argumentó que aunque Juan Carlos I ostentaba un estatus especial, no se le podía considerarse inmune desde el mismo momento en que abdicó en favor de su hijo.
Como adelantó Vozpópuli, la defensa del Emérito contraatacó adelantando que recurrirían el fallo ante el Tribunal de Apelación, el cual ahora le da la razón despejando la vía judicial del Emérito en Reino Unido.
