Justicia enseña cómo eliminar antecedentes penales para lograr la nacionalidad española

El Ministerio de Justicia ha sacado un 'guía didáctica' en formato vídeo donde explican a la ciudadanía cómo deshacerse de los antecedentes penales para obtener la residencia. El folleto informativo está pensado para aquellos que quieran regularizar su situación en España o actualizar su historial penal y hayan tenido problemas con la justicia por lo que, a través de este vídeo, podrán conocer mejor cómo actualizar su estado penal de manera rápida. Así, Justicia busca dar de alta a nuevos empleados, restando importancia al perfil criminal que tengan: "Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia. Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales", describe, alentador, el antetítulo del vídeo.

El mensaje ha sido muy polémico por la información precisa que ofrece el Gobierno para acceder a las plataformas institucionales a través del sistema clave o certificado electrónico para hacer el trámite administrativo que deje la página de antecedentes niquelada. Justicia pretende lanzar una campaña de eficacia burocrática, puesto que estos nuevos 'pasos' a seguir se han lanzado en el marco de transformación digital que vertebra a los ministerios y que elude tener que dar citas previas. Sin embargo, el 'avance' deja mucho que desear con mensajes sensibles como este: "Tu pena puede cancelarse sin que tengas que solicitarlo".

De esta forma, conseguir quedar eximido por un certificado de antecedentes penales y sexuales es hoy más fácil aunque, como recalca la Justicia se deben cumplir tres requisitos: la extinción de la responsabilidad penal, completar los plazos de tiempo de la responsabilidad criminal y que durante los plazos de cancelación no se cometan delitos.

Trámite de los antecedentes

 La cancelación de antecedentes penales es el último carpetazo al paso por la prisión, a veces tras haber permanecido en la cárcel, y puede suponer el fin de una etapa en la vida de una persona, que afronta el futuro con un pasado que ya quiere dejar atrás. En España, actualmente hay 46.785 internos, con datos disponibles hasta el 3 de junio, entre Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (CIS), salvo Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias en esta materia.

Una vez cumplida la pena impuesta por los tribunales y con una serie de requisitos, las personas que hayan sido condenadas pueden 'borrar' su pasado delictivo, una opción que sirve a la hora de encontrar un trabajo o de poder tener un perro de raza potencialmente peligrosa.

Las solicitudes de los interesados en cancelar los antecedentes penales se calcularon en 58.086 en 2021 en España, proceso en el que se cancelaron 37.683 causas, mientras un sistema de robotización puesto en marcha por el Ministerio de Justicia efectuó 244.276 cancelaciones de manera automática, sin necesidad de que el afectado lo reclamara. En total, en 2021, la suma de causas canceladas supusieron 282.959 y, en lo transcurrido de 2022, hasta el 1 de junio, se han cancelado 124.110.

El artículo 136 del Código Penal establece que los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: seis meses para las penas leves, dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años, diez años para las penas graves.