Terrorismo

La Justicia francesa se escuda en que la madre de un exjefe de ETA vive lejos para acercarle al País Vasco

Una sentencia dice que mantener alejado a Carrera Sarobe le priva de tener “una vida familiar” y las víctimas temen el fin de la dispersión con este precedente

Carrera Sarobe, miembro de ETA
Carrera Sarobe, miembro de ETA

Su madre, de 68 años, vive a 900 kilómetros de distancia y su hija a más de 800 kilómetros. Este es uno de los argumentos en los que se escuda la Justicia francesa para conceder al exjefe de ETA, Mikel Carrera Sarobe, ‘Ata’, su traslado a una cárcel más próxima al País Vasco. Esta resolución, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, alega el derecho del terrorista a disfrutar de “una vida familiar” mientras esté en prisión y con ello ha soliviantado a sus víctimas en España.

“El centro penitenciario de Réau, en el sur de París se encuentra a 900 kilómetros de la casa de su madre, de más de 68 años, que vive en Pamplona, y la de su pareja actual y su hija de 3 años, que viven en Arantza, Navarra, y a más de 800 kilómetros de la de su hija de 8 años, que vive en Irún, en Gipuzkoa; y que estos solo pueden visitarle a costa de esfuerzos físicos, económicos, y en el caso de las niñas, esfuerzos psicológicos importantes”, dice el tribunal administrativo de París.

La sentencia la dicta el Tribunal Administrativo de París y tiene fecha del 23 de noviembre. Las víctimas en cambio se enteraron del acercamiento de Carrera Sarobe este martes después que lo hiciese público la plataforma de apoyo a presos de ETA Etxerat. De este modo, el Gobierno francés incumplió el compromiso que adquirió a principios del año pasado con las víctimas de mantenerlas informadas de cualquier movimiento. La mayoritaria AVT acusó al Ejecutivo galo de “traición”.

Larga condena y delitos de sangre

En este caso, además, Carrera Sarobe tiene una larga condena pendiente y delitos de sangre, dos de las condiciones que Francia le trasladó a las víctimas para no acercar reclusos etarras. Detenido en mayo de 2010, ‘Ata’ fue condenado por asesinar en marzo de ese año al gendarme francés, Jean Serge Nerin, (última víctima de la banda) y a dos guardias civiles en Capbreton en diciembre de 2007, Raúl Centeno y Fernando Trapero.

Pero el Gobierno de Emmanuel Macron argumenta que se trata de una resolución judicial ante la que no pueden hacer nada. Sin embargo la información de la que disponen las víctimas es que Carrera Sarobe no es el único preso con delitos de sangre que ha sido acercado después de que el Ministerio de Justicia recibiese a las víctimas en París para explicarles cuáles iban a ser sus líneas rojas en política penitenciaria. Desde la AVT ya han anunciado que pedirán explicaciones.

Ata estaba recluido en la prisión de Réau, al sur de París y ahora se halla en la de Lannemezan, a unos 230 kilómetros de San Sebastián. En ese centro penitenciario hay ya trece etarras, según Etxerat. La otra cárcel situada más cerca del País Vasco, la de Mont de Marsan acoge a otros 12 terroristas. Entre las dos reúnen ya a más de la mitad de los 41 presos terroristas en territorio francés.  A juicio del Tribunal Administrativo de París, mantener al terrorista tan lejos de sus allegados impediría que “ejerza su derecho a una vida familiar en detención, sin ningún motivo relacionado con el mantenimiento del orden y la seguridad”.

El traslado le fue denegado en 2017

Esta decisión se produce después de que el Ministerio de Justicia francés denegase a Carrera Sarobe en 2017 su petición de ir a la cárcel de Lannemezan. Lo argumentaba en posibles problemas de orden público, que ya había allí muchos presos de ETA y que no podía proceder a la “reagrupación de todos” debido a la falta de plazas y “los medios logísticos externos de los que podrían beneficiarse ante posibles evasiones”. Añadía el Ministerio que la cárcel parisina en la que estaba ‘Ata’ ya estaba adaptada para visitas familiares.

Carrera Sarobe, quien ascendió a la jefatura del aparato militar de la organización tras la detención de Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', recurrió esta decisión. Argumentó que la banda había abandonado la violencia y que la cárcel en la que estaba no era adecuada para una estancia prolongada. Se quejaba además de que mientras el Ministerio decía que no había plazas, otros compañeros suyos de ETA sí habían sido acercados a ese lugar.    

La sentencia de noviembre le da la razón y acusa al Ministerio de infringir “los derechos y libertades” del etarra. “Constituye un acto administrativo que puede ser objeto de recurso por abuso de poder”, añade. A su juicio, el alejamiento en la cárcel parisina viola las disposiciones del Artículo 8. del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.

Entre el colectivo de víctimas no ocultan su temor a que si estos argumentos sientan un precedente, el fin de la dispersión de presos etarras en Francia es un hecho. Fuentes diplomáticas consultadas por Vozpópuli no cierran la puerta a esa posibilidad, pero reiteran que su política penitenciaria no ha cambiado.

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