La nueva redacción de la amnistía amaga con provocar un conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. Los nuevos matices de la ley que blinda todo el terrorismo del procés otorgan una garantía prácticamente total para Carles Puigdemont, pero dificulta la actuación de los tribunales, puesto que la futura ley contraviene el Derecho Comunitario.
Así lo explican juristas consultados por Vozpópuli, los cuáles precisan que las enmiendas introducidas hasta ahora buscan atar cualquier cabo suelto que dificulte la amnistía a Puigdemont y la otra docena de personas imputadas por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. La redacción ha pasado de ceñirse solo a las imputaciones por terrorismo a incluir este delito incluso aunque haya sentencia firme. Solo quedarán fuera los casos que incurran en "violaciones graves de Derechos Humanos".
Al margen de la valoración que pueda hacer Luxemburgo sobre el terrorismo, el verdadero escollo para los tribunales españoles reside en la letra pequeña de la norma. La futura amnistía amarra su aplicación directa incluso aunque los órganos nacionales se dirijan al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Aplicación de la amnistía
Al respecto, el texto puntualiza que una vez entre en vigor se alzarán de inmediato todas la medidas cautelares en causas relacionadas con el procés, a la par que decaerán las órdenes de búsqueda y captura nacionales e internacionales vigentes en este momento. Con ello se busca una aplicación directa de los efectos de la amnistía incluso aunque los tribunales dejen las causas en punto muerto mientras se tramitan sus consultas a Luxemburgo o ante el TC.
La doctrina consolidada del TJUE es que se suspenda un procedimiento cuando se plantea una cuestión prejudicial. Esto va a provocar un conflicto con el Poder Judicial. Desde el punto de vista jurídico es un escándalo. Expertos consultados por este medio
Ese punto es el que, a juicio de los expertos consultados, genera especial controversia. Ello es así porque el estatuto que regula la actuación del TJUE contempla expresamente la suspensión de un procedimiento mientras se da respuesta a la cuestión prejudicial planteada. En concreto, el artículo 23 determina la forma de proceder cuando una cuestión nacional, en este caso la ley de amnistía, se somete a consulta del TJUE para determinar si contraviene el derecho comunitario.
"La doctrina consolidada del TJUE es que se suspenden los procedimientos. Desde el punto de vista jurídico es un escándalo", reza una de las voces consultadas. Ello es así porque, de acatarse lo que dice la norma, las órdenes nacionales de detención que pesan contra Puigdemont y otros exconsejeros huidos por la causa del procés tendrían que decaer antes de que la Justicia europea resuelva.
Con este escenario, el líder de Junts podría retornar a España en el mismo momento en que se publique la amnistía en el BOE sin temor a ser detenido por su procesamiento en la causa del procés. Del mismo modo quedarían en punto muerto las medidas cautelares acordadas antes de la entrada en vigor de la norma.
La consulta al TJUE
Estos matices abren un escenario incierto en la actuación de los tribunales, incluso aunque la ley contemple la suspensión del procedimiento. Además del procés en el Tribunal Supremo, la amnistía abarcará también todas las acciones de Tsunami Democràtic, los CDR (pendientes de ser juzgados por terrorismo), la derivada del procés en el Tribunal de Cuentas o el 1-O en Cataluña contra dos altos cargos de ERC.
Una vez conseguido el encaje de sus exigencias en la amnistía, el objetivo ahora de las formaciones independentistas es que sus efectos no se dilaten en el tiempo. Desde Moncloa cuentan con que el trámite del aval del Senado se prolongue más de lo pretendido tras el cambio del Reglamento impulsado por la mayoría que ostenta el Partido Popular.
Sin embargo, lo que no quieren es que la cuestión prejudicial ante el TJUE o la cuestión de inconstitucionalidad al TC dilate su aplicación. Al respecto podría darse el escenario incluso de que los tribunales afectados se nieguen a aplicar la amnistía si ven claro que el contenido de la misma contraviene el derecho comunitario. Ello implicaría el mantenimiento de las medidas cautelares y la vigencia de la orden nacional de detención a Puigdemont.
La eficacia de la amnistía
Las fuentes consultadas por este medio explican al respecto que uno de los puntos que más preocupa a Moncloa y sus socios es la respuesta que dé la UE sobre el terrorismo. Por ello, la nueva redacción alude a normativa internacional y recalca que no se amnistiarán las conductas que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos".
Con todo, y pese a la gravedad advertida de la amnistía del terrorismo, se descarta que esta medida de gracia pueda aplicarse a otras actuaciones terroristas, como por ejemplo las cometidas por condenados por pertenencia a ETA o por enaltecimiento del terrorismo. Sobre ello aclaran que el preámbulo de la ley determina el espacio temporal de aplicación así como que se ciñe exclusivamente a hechos relacionados con el procés.
Precisamente, la nueva redacción de la amnistía incluye también variaciones en el preámbulo. En concreto, se matiza que se alzarán las cautelares aunque el procedimiento se suspenda. "Esta previsión es coherente con el régimen establecido para la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 163 de la Constitución y la cuestión prejudicial del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El eventual planteamiento de los mecanismos regulados en estos preceptos no afecta a la vigencia o eficacia de las leyes", indica.
