Elecciones 10-N

La Policía denuncia que los agentes desplazados a Cataluña no podrán votar

Cerca de 1.800 policías y aproximadamente 1.000 guardias civiles no han podido ejercer su derecho a voto, según denuncia el sindicato JUPOL

Los Mossos d'Esquadra están controlando los accesos a la plaza de Urquinaona ante una nueva protesta convocada por los CDR.
Los Mossos d'Esquadra están controlando los accesos a la plaza de Urquinaona ante una nueva protesta convocada por los CDR. EFE/Enric Fontcuberta

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Supremo para garantizar el derecho a voto de los 2.800 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, según sus datos, que han sido desplazados a Cataluña para preservar la seguridad tanto en la jornada de reflexión como el día de las elecciones, el próximo 10 de noviembre.

Según ha explicado el secretario general de JUPOL, José María García, "cerca de 1.800 policías y aproximadamente 1.000 guardias civiles no han podido ejercer su derecho a voto" por correo a pesar de que dos informes, uno de Correos y otro de la Secretaría de la Dirección General de Política de Interior, han confirmado la viabilidad de que el voto de los agentes desplazados llegue a tiempo al escrutinio.

García ha resaltado, en rueda de prensa, que el informe de Correos especifica que "existe la posibilidad material de habilitar medios excepcionales tanto materiales como humanos para garantizar el derecho a voto de los agentes desplazados", así como el informe de la Dirección General que traslada "su criterio favorable a la habilitación de cualquier procedimiento que pudiera establecerse para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de los agentes que por circunstancias excepcionales y sobrevenidas no hayan podido ejercer su derecho a voto".

"Nos sorprende mucho que la Junta Electoral Central (JEC) manifieste de forma sorprendente la imposibilidad de modificar el procedimiento de voto por correo dado la cercanía del día de las elecciones, manifestando igualmente, la imposibilidad de que este voto llegue en plazo para ser escrutado por las mesas electorales a pesar de los informes emitidos", ha puntualizado García.

También ha recordado que el artículo 74 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que "el Gobierno habilitará los mecanismos necesarios para el voto por correo del personal embarcado en buques, botes de pesca, Fuerzas Armadas en el Exterior y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado haciendo expresa referencia a la Policía Nacional".

Por eso, JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL -esta última sin representación en el Consejo del instituto armado-, han decidido interponer a través de la plataforma JUSAPOL el recurso de amparo electoral al entender que el Gobierno tendría que haber previsto cómo garantizar el voto.

A su juicio, no ha existido "ninguna buena fe" por parte del Gobierno de ayudar a los policías y guardias civiles afectados porque si la decisión de desplazar a miles de agentes "se hubiera comentado con anterioridad", todos los afectados "podrían haber ejercido su voto" con antelación.

"Impugnar las elecciones", entre las opciones

García ha reconocido que después de que la JEC adoptara la decisión el pasado 6 de noviembre y que los sindicatos hayan interpuesto el recurso un día después, y tres de cara a las elecciones, el tiempo "apremia" para poder resolver el conflicto, pero "que debe ser así" porque los agentes implicados "tiene su derecho a votar".

Por su parte, el secretario de JUPOL, Pablo Pérez ha advertido que en el caso de que no haya sentencia a tiempo, los policías y guardias civiles desplazados van a solicitar el derecho a votar y por tanto su falta de asistencia al trabajo durante las cuatro horas que establece la ley. "Que sea Interior, o a quien proceda, quien les deniegue su derecho porque la ley autoriza que tienen cuatro horas para ejercer su voto", ha apostillado.

Pérez ha explicado que este segundo paso que van a tomar, en el caso de que no llegue a tiempo la resolución, es debido a que el Gobierno "ya sabía, desde la sentencia del procés y de los disturbios, que se iba a liar el día de las elecciones" y no ha planificado "con tiempo" el dispositivo de seguridad. "Si se hubiese planificado con tiempo suficiente, esto no habría ocurrido", ha añadido.

Además, García también ha avisado que si no sale favorable la resolución a tiempo, JUSAPOL va a ir "hasta el final", incluyendo la posibilidad de "impugnar las elecciones" o "al menos" todas las mesas electorales en las que "tenían que haber votado los compañeros" desplazados. "Entendemos que debe ser así porque se nos está privando del derecho de todo ciudadano que es ir a votar el día de las elecciones. El tiempo es justo, pero la respuesta de la JEC fue ayer a última hora y no nos ha quedado otra que reaccionar", ha sentenciado.

Otros agentes afectados por desplazamientos

Por su parte, el secretario de Organización de JUCIL, Jesús Pague, ha destacado que además de los casi 2.800 agentes desplazados a Cataluña hay más policías y guardias civiles que tampoco han podido ejercer su derecho al ser también trasladados a los lugares "en los que los movilizados a Cataluña tenían que prestar su servicio normal".

A todos ellos, Pérez ha sumado "cerca de 300 compañeros más" de Andalucía que tampoco van a poder ir a votar el 10 de noviembre, ni han podido pedir a tiempo el voto por correo, porque son los suplentes de los desplazados de Sevilla a Cataluña que en primera instancia iban a "cubrir" la seguridad del partido Sevilla-Betis en la capital andaluza. "Ahora lo van a cubrir otro agentes de otras provincias y ellos tampoco van a poder ejercer su derecho", ha insistido el portavoz.

Antes de tomar la decisión de presentar el recurso, García ha asegurado que han intentado contactar con el Ministerio del Interior y con el director general de la Policía Nacional, Francisco Prado, pero que en ninguno de los dos casos han tenido éxito. "Parece ser que las llamadas que realizamos al ministro Fernando Grande-Marlaska no las coge nunca o estará un poco saturado con otras reuniones", ha puntualizado.

Según ha indicado García, la última conversación con Prado fue "hace una semana y media" para solicitarle información de "cómo estaba el tema en Cataluña" y la respuesta fue que "se quiere transmitir que hay absoluta normalidad" en la comunidad autónoma. "Estos días han sido más tranquilos, pero no normalidad y además ha habido agresiones a compañeros, incluso con cuatro ingresados, son 240 heridos así que no es la normalidad que quieren transmitir", ha concluido.

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