Además de eliminar todos los delitos de terrorismo, los de Junts buscan amnistiar las multas interpuestas por el procés, lo que abocaría al Tribunal de Cuentas a anular la condena de 5 millones de euros a Artur Mas por el 9-N. Además, han propuesto también ampliar el marco temporal a finales de 2011; se trata de los meses previos al inicio de la investigación a los Pujol por su fortuna; por lo que, de admitirse, se le incluiría bajo el paraguas de la amnistía.
La enmienda de la formación independentista a la proposición de ley que se tramita ahora en el Congreso incluye una docena de correcciones a una amnistía que un primer momento se ceñía a todos los hechos realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Ahora proponen que esta figura pactada entre el PSOE y sus socios independentistas abarque también los hechos comprendidos desde el 1 de noviembre de 2011.
El adelanto de este marco temporal podría beneficiar a Jordi Pujol, toda vez que las diligencias por la presunta ocultación de su fortuna en Andorra arrancaron en 2012. Nueve años después, en junio de 2021, el magistrado Santiago Pedraz abrió juicio oral contra el expresidente catalán y sus hijos por siete delitos contra la Hacienda Pública y otros entre los que se incluye blanqueo.
Las multas del Tribunal de Cuentas
La Audiencia Nacional dejó fuera de la ecuación a Marta Ferrusola por una demencia sobrevenida, aunque se solicitaron fianzas millonarias, llegando a los 7,5 millones de euros en el caso del primogénito Jordi Pujol Ferrusola. En la recta final de esta causa, la Abogacía General del Estado retiró su acusación para el expresidente catalán, pero lo cierto es que los acusados -entre los que se incluye un grupo de empresarios implicados- llevan dos años pendientes de sentarse en el banquillo.
Así pues, de ampliarse el marco temporal de la amnistía, se incluirían también los hechos que afectan a los Pujol. Con todo, los delitos por los que se pide enviarles al banquillo nada tienen que ver con los del procés y, al respecto, desde el entorno de Junts desmienten que sus enmiendas tengan algo que ver con la causa abierta contra el que fuera presidente de Convergència Democràtica.
Al contrario, aluden a un informe de fiscalización del sector público del Tribunal de Cuentas de 2011. Precisamente, a este órgano le afecta especialmente la enmienda a la proposición de ley que registró el PSOE e noviembre puesto que, entre los cambios introducidos figura el de borrar el apartado segundo del artículo 7 relativo a los efectos sobre indemnizaciones y restituciones.
La proposición de ley determina en este punto que la amnistía no dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa. De esta forma se cerraba la puerta a que el máximo órgano fiscalizador devolviera los casi 5 millones de euros de multa a los que condenó en 2018 a Artur Mas por la consulta ilegal del 9-N.
Artur Mas y el 9-N
El Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas y a los exconsejeros Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega a reintegrar 4,9 millones de euros al Estado por el dinero público gastado en las urnas del 9-N de 2014. Con el texto inicial del PSOE este asunto se quedaba fuera del paraguas de la amnistía ya que el texto no afectaba a las multas firmes, sino únicamente a los procesos en marcha.
Sin embargo, Junts busca con su enmienda que la condena contable contra los herederos de la extinta CDC quede en papel mojado. De esta forma se tumbaría la segunda derivada del procés que ha terminado en el Tribunal de Cuentas ya que el órgano también tendrá que anular el procedimiento contra Carles Puigdemont y otra treintena de altos cargos de la Generalitat por los gastos del 1-O.
En este caso no hay duda que la amnistía abarca al procedimiento puesto que la proposición de ley, en su artículo 8, recoge que quedan extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de todos los hechos del procés cometidos entre 2012 y 2023. La redacción especifica que se incluyen las que "estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas".
Borrado del terrorismo
El órgano rechazó la semana pasada el dar carpetazo ya al proceso como así lo pidieron Oriol Junqueras y otros demandados. El motivo, según alegó, es que la ley todavía no ha entrado en vigor y, por ello, no se puede anular la causa contable del procés. Con todo, existe la duda de si se llegará o no a sentencia en esta causa en la que la Fiscalía acusa por un desvío de fondos públicos de 3,4 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, eleva la cifra a más de cinco millones de euros.
Todos estos cambios se añaden a la propuesta de Junts de eliminar todos los delitos de terrorismo vinculados al procés. El partido, que lleva meses acusando a los jueces de persecución judicial contra los líderes catalanistas, corrige de esta forma la redacción inicial en la que se abría la puerta a amnistiar este delito pero únicamente en los casos en los que no hubiera sentencia firme.
La clave de este cambio reside en la causa contra Tsunami Democràtic. La Audiencia Nacional mantiene unas diligencias abiertas desde 2018 por presunto delito de terrorismo con los actos de la plataforma radical y muy en concreto con la ocupación del aeropuerto de El Prat en 2019. Precisamente el instructor, tras adherir el informe final de la Guardia Civil, imputó por este delito a una decena de personas, entre ellos Carles Puigdemont y a 'número dos' de ERC, Marta Rovira.
La formación republicana, que también se ha descolgado de las enmiendas presentadas por el grupo socialista, coincide con Junts en cuanto a excluir los delitos tipificados como terrorismo. De conseguirlo, la amnistía abarcaría no solo a los imputados por este tipo penal, sino también a los condenados por el mismo en las causas del procés.
